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Pbro. Lic. Armando González Escoto • Director de Publicaciones del Sistema UNIVA

 

Si todos tuviésemos el mismo concepto de lo que debe ser el bien común, aún antes, si a todos nos interesara realmente el bien común, no se requerirían de tantas leyes para garantizarlo, pero como sucede justamente lo contrario, abundan las leyes porque en consonancia, abundan quienes viven buscando los vacíos legales que les permitan ignorar el bien de los demás en provecho del propio.

Oficialmente México es una democracia representativa ¿eso qué significa? Que la sociedad firma un cheque en blanco y lo entrega a sus gobernantes con la confianza de que ellos lo manejarán buscando siempre lo mejor para todos, o por lo menos para la mayoría. Doscientos años de experiencia nos deberían haber persuadido de que ya no es posible seguir actuando de esa manera, los miles y miles de cheques en blanco que los mexicanos han firmado cada que hay un proceso electoral, han sido objeto de abusos y fraudes una y otra vez, con o sin vacíos legales, que para todo ha habido maña.

Si un gobierno federal, estatal o municipal, adquiere bienes con recursos públicos, es decir, con el dinero de la gente, debe pedir la opinión de la gente a la hora de querer vender o permutar los bienes adquiridos, pero que yo sepa no existe una ley que imponga esta obligación a las autoridades en turno, razón por la cual las susodichas autoridades hacen y deshacen lo que les parece con los bienes públicos, y cuando la gente se entera ya es demasiado tarde, la autoridad actúa de acuerdo a las facultades que las leyes les otorgan, sin que la sociedad sepa que existían esas leyes o quién y cuándo las promulgaron.

Ocurren entonces los encontronazos, los conflictos y la prepotencia de quienes amparados en leyes ajenas al bien común quieren hacer valer sus operaciones del tipo que sean, como hemos visto en el caso de Huentitán, donde los recursos manejados por la autoridad son “legales”, pero no puede ser legal la manera en que se legitima, a espaldas de la ciudadanía, esta manera de manejar los recursos que son de todos.

Cierto, las inmobiliarias abren fuentes de trabajo, obtienen cuantiosas ganancias, pero también generan secuelas, sobre todo por la ausencia de garantías que los obliguen a cumplir todo lo que prometen a propósito de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la prevención de impactos, etc.

¿Qué es lo que nos impide conciliar honestamente los intereses en juego? ¿Es que todos están decididos a arruinar lo que queda de esta ciudad y del Estado, con tal de lograr el enriquecimiento personal y el poder político?

De Tesistán a Huentitan, de Huentitán a Tonalá, de Tonalá a Tlajomulco, de Tlajomulco a Chapala, de Chapala a Tapalpa y Mazamitla, de Mazamitla a la costa, todo es campo de una batalla terrible y devastadora que nadie puede controlar, pero ni quiere hacerlo sea desde

el poder, sea desde los millonarios inversionistas, estamos a merced de la codicia de unos y otros, arruinando todo tipo de ecosistemas, enfermando a la sociedad, provocando enfrentamientos, acumulando impotencias y frustraciones que luego estallan en conflictos más serios, para que luego nos venga la autoridad con la cantinela de que se están “politizando” las reacciones a este tipo de manejos.

 

Publicado en El Informador del domingo 29 de agosto de 2021

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