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Mtro. Francisco Meza Estrada • Coordinador de la Licenciatura en Derecho UNIVA León

 

El próximo 1 de agosto en nuestro país se realizará la primera Consulta Popular. Se trata de un mecanismo de democracia participativa; por el cual, los ciudadanos a través del voto pueden manifestar su voluntad en temas de trascendencia nacional y ser vinculantes para incidir en el debate y las decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo (SIL 2021).

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, número 2 será vinculante cuando exista una participación del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para los poderes Ejecutivo, Legislativo y autoridades competentes. De esta forma, tendrían que salir a votar aproximadamente 37,331,509 personas para que las autoridades tuvieran la obligación de realizar el resultado de la consulta.

Un ejercicio novedoso en nuestro país que no está exento de polémica; sin embargo, es el comienzo por ampliar la democracia con la participación de la ciudadanía. Uno de los aspectos controvertidos de la Consulta Popular es la pregunta que reformuló el Poder Judicial. En un principio se habían propuesto varias redacciones y una de ellas era la siguiente: ¿Está de acuerdo con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Cuando la Suprema Corte revisó la pregunta la reformuló de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

En el caso de la próxima Consulta Popular existen principalmente tres posiciones al respecto: la del gobierno y el partido en el poder, la de los opositores y la de las organizaciones civiles. Revisemos cada una de ellas.

 

JUICIO POLÍTICO A EXPRESIDENTES

El presidente y el partido Morena han promovido la participación en la Consulta Popular resaltando que se trata del juicio a los expresidentes, recordando algunos de los eventos que marcaron sus administraciones.

Existe en una página web y en redes sociales información que se ha recuperado para que los ciudadanos se decidan a participar en la Consulta Popular y evitar lo que consideran como impunidad.

 

FALSA CONSULTA POPULAR

La oposición y activistas opositores consideran que es una falsedad la Consulta Popular porque para enjuiciar expresidentes por posibles delitos no se requiere realizar una consulta ni promover juicio político. Además, se gastarán una gran cantidad de recursos públicos para lo que debe ser una obligación del gobierno.

Prácticamente todos señalan que no participarán en la Consulta por considerar que es inútil y porque es seguirle el juego al presidente.

 

LA VERDAD TRAS LA CONSULTA

Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos iniciaron una campaña para conocer el derecho a la verdad de las víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos. Para ellos, la pregunta los llevaría a la creación de una Comisión de la Verdad que esclarezca hechos, causas y consecuencias. Por esa razón, invitan a la participación.

Un resultado vinculante y positivo obligaría al gobierno federal a crear un órgano que garantice la verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición de todas las posibles víctimas (cmdphd.org).

 

PROSPECTIVA

Se debe señalar que no existe una lectura única sobre lo que es la próxima Consulta Popular; por lo que, las tres lecturas que hemos descrito arriba son válidas sin dejar advertir que podrían contar con algunos elementos erróneos.

Estamos aproximadamente a 3 semanas de la realización de la Consulta Popular. No tenemos encuestas que estén midiendo la percepción del interés. Es probable que en los próximos días pudieran aparecer sondeos con este propósito y poder ofrecer una opinión más en firme.

Por el momento, podemos suponer que la Consulta Popular no alcanzará a ser vinculante porque no tendrá el 40% de participación, por las siguientes razones: primero, se trata del primer ejercicio e implica una novedad para la mayor parte de los electores. Segundo, la pregunta termina siendo ambigua y no genera interés entre los ciudadanos. Tercero, el juicio político a los expresidentes terminará por movilizar a un sector importante de simpatizantes del presidente, pero difícilmente llegará a superar los 35 millones de votantes. Por último, es muy importante la perspectiva ofrecida por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, su movilización es relevante, pero no alcanzan a tener la máxima difusión en la sociedad.

Es muy prematuro adelantar los efectos políticos de este primer ejercicio, pero con seguridad los iremos retomando en los días posteriores a la Consulta Popular.