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Las protestas sociales: un derecho humano

Dra. Lucía Almaraz Cázarez • Docente de Ciencias Sociales y Humanidades UNIVA. Presidenta del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco  

Las manifestaciones como hoy las concebimos surgen en Europa en 1850. Las marchas o manifestaciones permitían a la población, no sólo presentar y representar públicamente su diversidad, sino también asignar un lugar a cada grupo.

Se debe destacar que con el derecho a la asociación se concatenan otros derechos como el derecho de petición y la libertad de expresión, el cual es el derecho que tengo a pensar y compartir con otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco.

Una protesta es un elemento integrador y esencial del orden democrático, es el núcleo esencial de la democracia que opera como una garantía de derechos. Es un dispositivo de protección y autotutela, entendida como un mecanismo de acción en el que los titulares de un derecho emplean vías directas para su exigencia o defensa, ante la ineficiencia de los mecanismos jurídicos existentes y la indiferencia gubernamental frente a un problema social.

El derecho a la protesta social integra y emplea los derechos constitucionales, de ahí su compleja naturaleza jurídica y su interacción: es un derecho compuesto por otros derechos que sirven de medio para proteger, exigir y hacer vigente algún otro derecho o derechos.

Para que la protesta social cumpla con su objetivo de visibilización ante la sociedad y de reivindicación de otros derechos, uno de los requisitos más importantes es que pueda ser ejercido en un espacio público.

En México la indignación y hartazgo por la inseguridad, violencia y corrupción han llevado en diversas ocasiones a la sociedad a manifestarse para exigir al gobierno en turno un cambio, una transformación social.

La represión, criminalización y judicialización por parte de las autoridades en la protesta social y la libertad de expresión en México está motivada desde esquemas de carácter político-público, incompatibles con los estándares internacionales en la materia e incumpliendo con las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

Las protestas los días 4, 5 y 6 junio por el caso Giovanni López, que se desarrollaron en Jalisco y que tuvieron réplica en la Ciudad de México, fueron emblemáticas, debido al desarrollo y tratamiento por parte de la autoridad sobre éstas. En cuanto a la violencia que se desplegó por parte de los participantes en estas manifestaciones, puedo concluir comentando que nunca nada se ha logrado por las buenas en materia de derechos humanos.

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