Dra. Lucía Almaraz Cázarez · Experta en derecho, seguridad pública y control de la corrupción. Analista política y docente de Ciencias Sociales y Humanidades, UNIVA campus Guadalajara.
En México el derecho al voto de las mujeres se conmemora cada 17 de octubre, desde su aprobación en 1953, fecha en la que se reconoció que las mujeres podíamos votar a nivel federal, pero también participar como candidatas a un puesto popular. Sin embargo, la lucha del sufragio femenino comenzó principalmente en el siglo XIX en diferentes países, con el objetivo de buscar el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Y fue durante el siglo XX cuando aproximadamente 84 naciones lo aprobaron.
La conquista de este derecho en México tuvo un momento previo al año 1953, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, en el cual en la Cámara de Diputados y en el Senado comenzó a reconocerse el derecho al voto de las mujeres. No obstante, Cárdenas decidió no promulgar la reforma al artículo 34 de la Constitución.
Tuvieron que pasar más de 60 años para que se elevara a rango constitucional la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos estatales, en 2014, y cinco años más tarde, se logró una nueva reforma que garantiza la paridad en los gobiernos municipales, estatales y gabinetes, así como en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
Actualmente, en México, nueve de los 32 estados son gobernados por mujeres, un máximo histórico; y 26 de los 32 congresos estatales están compuestos por el principio de paridad entre mujeres y hombres.
La participación de las mujeres en la política es uno de los ejes primordiales que conducen al logro de la igualdad entre mujeres y hombres, así como, para la consolidación de un Estado democrático garante del ejercicio de los derechos humanos. Por ello, resulta urgente que para avanzar en la participación política de las mujeres se promueva la seguridad política de las mujeres frente a amenazas físicas, mediáticas y públicas e invertir en capacitación y apoyo a las mujeres para enfrentar y confrontar estas amenazas y ataques, así como promover medidas de selección de candidatas que garanticen su elección. Priorizar el apoyo financiero a las mujeres candidatas. Incluir mujeres en territorios donde exista un déficit de mujeres. Realizar reformas en los estatutos y resoluciones partidarias que promuevan la participación política y el empoderamiento de las mujeres.
