Pbro. Lic. Armando González Escoto • Director de Publicaciones del Sistema UNIVA
La Constitución es el instrumento jurídico que rige la vida de una sociedad, es el resultado de un pacto social, expresa el acuerdo de la comunidad, es un compromiso de ajustar las conductas a ese determinado marco legal, por lo mismo la sociedad no nace de la Constitución, sino al revés, es la sociedad la fuente de la cual dimana la Constitución, si nos estamos moviendo en un sistema democrático.
En la historia de México las cosas no siempre han sido así, por el contrario, los constituyentes rara vez han representado la voluntad popular, han sido más bien los emisarios de las facciones políticas que negocian entre ellos para establecer tal o cual cúmulo de leyes que luego promulgan obligando a la gente a someterse a ellas aun cuando jamás las hayan conocido ni mucho menos se les haya pedido su opinión a la hora de elaborarlas.
El punto de partida de estas acciones autoritarias ha sido el prejuicio según el cual solamente la clase política sabe lo que le conviene a la sociedad, solamente ellos tienen la capacidad para entender la realidad y solamente ellos tienen la inspiración para hacer las leyes justas y correctas en favor del estado o de la nación.
Parte de este prejuicio es la abusiva interpretación de la representación que los gobiernos ostentan pues la consideran un cheque en blanco que la comunidad firma con su voto, con lo cual consideran los políticos que ya pueden hacer lo que sea, dado que son los representantes legales del pueblo. Una representación así entendida resulta usurpadora, y se mueve siempre a un paso de la dictadura. La experiencia de tantísimos años nos prueba hasta qué punto ese tema de la “representación” ha sido un verdadero grillete para la democracia, pues si bien la gente ha confiado en sus “representantes”, muy comúnmente los “representantes” han sido fraudulentos en el ejercicio de su encargo.
Hacer una constitución desde la consulta a determinadas elites no abona a la justa democracia, en todo caso sigue apostando a una aristocracia disimulada, donde solamente algunos son dignos de expresar su opinión, sea por su poder económico o por su nivel intelectual, o por ostentar un poder fáctico.
Esto nos revela que la comunidad como tal, se le llame sociedad o pueblo, sigue siendo marginada de las decisiones del gobierno al más puro estilo de la era virreinal o de la dictadura porfirista, donde al pueblo le correspondía exclusivamente obedecer y callar, en este caso, cumplir las leyes que a sus espaldas se fabricaran.
La iniciativa de hacer una nueva constitución podría ser magnífica, pero no necesariamente democrática, para obtener ese nivel se requeriría que en primer lugar y por lo menos la mayoría de los jaliscienses hubiese expresado un voto favorable, lo cual requeriría una clara exposición de motivos ampliamente socializada, una información sobre los costos, un proceso para la elección de los constituyentes o para certificar a los que por derecho ya lo son, además de organizar el escrutinio permanente de la sociedad sobre el proceso.
Publicado en El Informador del domingo 22 de septiembre de 2019
