Mtro. Alejandro Garza Galicia • Docente Investigador UNIVA
A inicios de este año 2021, el Gobierno Federal presentó la iniciativa “Reforma de la Industria Eléctrica”, con la cual surgieron un sinnúmero de comentarios a favor y otros en contra, pero también conflictos legales a nivel nacional e internacional cuando voces de especialistas, científicos, abogados, cámaras, expertos en energía y ambientalistas manifestaron su rechazo; sin embargo, una vez presentada dicha iniciativa, fue aprobada en las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión de México.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en febrero de este año señaló la iniciativa de ley la cual reforma el artículo XX pues prioriza a la Comisión Federal de Electricidad C.F.E. sobre productores de la iniciativa privada; una vez aprobada, se desarticulan los mecanismos de operación del Centro Nacional de Control de Energía CENACE para inyectar la electricidad al sistema interconectado nacional con el cual se transporta la electricidad a las ciudades, los hogares y las industrias; desde el enfoque de la nueva ley, las centrales generadoras de C.F.E., que operan principalmente con combustóleo, gas natural y carbón, estarán sobre las centrales generadoras de energías renovables como la solar y eólica, las cuales pertenecen al sector privado lo que puede desembocar en una fuga de capital extranjero, o bien, limita o nulifica el interés de nuevos inversionistas de apostar con capital en el territorio nacional.
Se observa una incongruencia de la nueva ley con los compromisos adquiridos por México ante los tratados internacionales, específicamente con el Tratado México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC) y con el Acuerdo de París en materia ambiental; al quemar combustibles como el combustóleo y el carbón se generan emisiones de monóxido de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOx, óxidos de vanadio VOx, asfaltenos y partículas PM10 y PM2, hidrocarburos que afectan la calidad de la salud y de la biodiversidad. Estudios internacionales como el presentado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en febrero de 2021, han revelado este impacto y por ello su uso ha sido restringido para generar energía; en este sentido, naciones europeas han reafirmado su compromiso en utilizar autos eléctricos para mediados del 2030 con el objetivo de disminuir el uso de la gasolina y el diésel, pero, sobre todo de migrar a una movilidad de bajo impacto en la huella de carbono.
Otro aspecto a destacar sobre la ley para la Industria Eléctrica es la disposición para dejar de adquirir electricidad eficiente, de menor costo y de fuentes renovables como de la energía solar y de la eólica; desafortunadamente utilizar combustibles fósiles resulta 4 veces más costoso que producir 1 kilowatt con energía renovable y de baja emisión de gases efecto invernadero, como lo reveló un informe de la Agencia Internacional de Energía en junio de 2020. Al tomar efecto la ley se generarán afectaciones económicas, ya que los supuestos ahorros que suponen a la C.F.E. (el no comprar energía a proveedores privados) no serán suficientes para cubrir los gastos de generación de energía para el país y los costos pueden ser trasladados a los consumidores como industrias, comercios y hogares con alzas en los precios, lo que podría desembocar en una serie de afectaciones de tipo cascada en la generación de productos y servicios. Esta situación ubicará la operación de la paraestatal C.F.E. en un marco monopólico, sin competencia que empuje la oferta de electricidad de alta eficiencia, a precios competitivos y, sobre todo, con bajo impacto en el medio ambiente. También esta iniciativa puede mermar las iniciativas ciudadanas que, por incentivo, arriesgan su capital para colocar plantas con mejor tecnología y autoabastecerse en sus propios domicilios.
En el mundo, las naciones invierten en el diseño y puesta en marcha de centrales de generación con energías renovables, la iniciativa privada juega un papel fundamental, ya que no solo se trata de poner en marcha estos sistemas, se trata de sembrar en las nuevas generaciones el interés de desarrollar nuevas tecnologías y lograr la transferencia de las mismas; de promover en las universidades y centros de investigación proyectos que profundicen sobre este tipo de energías y sus colindantes como la mareomotriz, los biocombustibles, hasta la fusión nuclear; de crear programas de licenciatura y posgrado que formen especialistas para nuevos proyectos que pueden, con nuevas iniciativas, favorecer el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Es evidente la transformación energética mundial, el esfuerzo de las naciones por detener el incremento de la temperatura global 1.5 °C, por favorecer a la subsistencia de la raza humana y la biodiversidad… desafortunadamente, la ley en materia de energía en México se ubica lejana a estos propósitos que obedecen a un interés global.
La propuesta debería ser una transición hacia las energías limpias graduando el consumo de combustibles fósiles, sin embargo; de continuar así significará para México un retroceso en materia energética, lo que puede provocar problemas económicos, sociales, culturales y ambientales, pone entre dicho la postura y compromisos asumidos por México ante los organismos mundiales; sin mencionar la riqueza en recursos naturales que tenemos y son desaprovechados al marginar las fuentes de energías renovables y con ello, la inversión que pudiera detonar el crecimiento económico y revolucionar al campo de la producción de energía a nuevas formas de satisfacción de las crecientes demandas de combustibles cuya huella de carbón es mínima o nula y colocaría a nuestro país en una vía de franca lucha contra el evidente cambio climático.
