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Mtro. Carlos Salas • Docente UNIVA Plantel Guadalajara

#LíderesDeOpinión

 

Recientemente el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha impulsado un polémico proyecto llamado Plan de Desarrollo Integral (PDI), que tiene por objeto abatir las causas que propician la migración indocumentada desde los países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica o CA3 (Guatemala, El Salvador y Honduras) a través de la cooperación financiera. El plan prevé la entrega de 30 millones de dólares a cada país para ser utilizados en la ejecución de dos programas sociales en sus territorios:

Sembrando Vida (que consiste en la entrega de un estipendio de $5000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para que los propietarios de terrenos rurales, de más de 2.5 hectáreas, se dediquen al cultivo de árboles frutales y maderables) y Jóvenes Construyendo el Futuro (que incentiva la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, que no trabajan y no estudian, por empresas voluntarias que brindarían oportunidades de capacitación en el trabajo. En este programa cada joven recibe una beca mensual de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) y una constancia de capacitación al final de los 12 meses que dura dicho programa).

La iniciativa ha sido anunciada como un esfuerzo sin paralelo en el mundo, sin embargo, el PDI emprendido por el Gobierno Federal está plagado de inconsistencias, improvisaciones y lagunas. A continuación, explico los tres aspectos más preocupantes del mismo:

Primer problema. Los programas sociales elegidos para ser ejecutados en el CA3 son de reciente creación y apenas están siendo implementados en México. El Ejecutivo Federal presume de 900 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 200 mil de Sembrando Vida, sin embargo, aún no se cuenta con cifras que demuestren su impacto social positivo. Producto de lo anterior, cabe preguntarnos qué tan apropiado es exportar programas sociales que aún no han sido probados como efectivos, que fueron concebidos para ser ejecutados en México, que se adaptaron a la realidad administrativa mexicana y cuyos resultados deben ser fiscalizados y evaluados por organismos autónomos; por cierto, inexistentes en la realidad del CA3. Hay que destacar en este punto que, hasta donde se sabe, el gobierno mexicano no llevó a cabo ninguna prueba de campo o ensayo de los programas para determinar si las estructuras locales del CA3 pueden ejecutar las acciones que cada programa exige.

Segundo problema. El PDI no atiende las principales causas de la migración forzada. El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que el programa Sembrando vida será ejecutado estratégicamente en municipios rurales donde se ha identificado el mayor flujo de migrantes motivados por la pobreza y anunció que 20 mil jóvenes se integrarán en cada país al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La pobreza y falta de empleo son sin duda factores determinantes en el fenómeno migratorio, sin embargo, el PDI parece ignorar que la CEPAL ha identificado que el 70% de las personas que emigran de la región lo hacen por factores múltiples, tanto por la pobreza como por la imperante violencia (4). El PDI pretende crear un ingreso para los campesinos de las zonas rurales en el CA3, sin embargo, los campesinos no abandonan los campos hondureños únicamente por falta de oportunidades, sino también por los episodios de violencia y la impunidad con la que trabaja el crimen organizado en dichas regiones. Los campesinos son reclutados por carteles locales para sembrar “sus productos”, para trabajar como vigías, para usar sus terrenos como narco laboratorios, escondites, pistas clandestinas o depósitos. Un estipendio gubernamental no los libera de esa fatídica decisión, más bien los convierte en blancos extorsionables, con un ingreso fijo que puede ser robado de forma mensual (5).

Este fenómeno se replica en las zonas urbanas, donde la Mara cobra el “impuesto de guerra”, una extorsión generalizada que afecta a transportistas, dueños de tiendas, vendedores ambulantes, vecinos de colonias populares y hasta estudiantes que se ven obligados a pasar por zonas controladas por maras. El pago del impuesto de guerra no significa protección por parte de la mara, significa que la mara respetará la vida de la persona extorsionada mientras ésta siga pagando. La denuncia no es una alternativa en un país como Honduras donde, según cifras del Índice Global de Impunidad 2017, realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, Honduras se sitúa en el lugar 13 de los países con mayor impunidad en el mundo; donde México, por cierto, está en el lugar 9.

Ante esa realidad surge la pregunta, si no existe la capacidad del Estado para cuidar a sus ciudadanos, ¿qué supone usted que harán la delincuencia organizada y las maras al identificar a personas que reciban fondos fijos de estos programas?

Tercer problema. La cooperación mexicana en la región mesoamericana recientemente se centró en el Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán). Entre 2012 y 2017 ejecutó 16 proyectos de infraestructura por 126.7 millones de dólares en 11 países, entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras. Los 90 millones de dólares del PDI para 2019 serán extraídos de este Fondo.

El éxito del Fondo Yucatán se debe a que se limita a ejecutar obras de infraestructura estratégica (puentes, carreteras), es decir, proyectos de alto impacto comunitario, con una larga vida útil y fácilmente fiscalizables (fácil detección de corrupción o sobrecostos). En el PDI los recursos destinados a los estipendios serán entregados directamente a los engranes de la burocracia de tres países famosos por reportar escandalosos niveles de corrupción. Como ejemplos, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la corrupción cuesta alrededor de 550 millones de dólares de dinero público en Guatemala cada año. En Honduras, también según el ICEFI, en 2015 el 70% del presupuesto total del país fue afectado por la corrupción, mucho de ello para financiar campañas electorales y partidas discrecionales.

Finalmente, debe recalcarse que el pueblo mexicano es generoso y que la cooperación internacional ha sido un medio importante y noble para la proyección mundial de México e históricamente ha beneficiado a numerosas comunidades en decenas de países, engrandeciendo la imagen de nuestro país y abriendo puertas para muchas personas en los ámbitos científico, técnico y académico. Sin embargo, para que ello continúe deben respetarse los principios lógicos de cualquier proyecto: una correcta planeación, una eficiente ejecución y una implacable fiscalización. Este plan los ignora por completo y ello saldrá muy caro.

 

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