Xóchilt Sánchez Bonilla – Maestra en Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales
En estos días la autoridad fiscal ha estado revelando a través de comunicados los criterios y las estrategias de fiscalización que utilizará para la práctica de auditorías en 2026, enlistaré algunas de ellas: Las personas físicas o morales que realicen con frecuencia la aplicación de pérdidas fiscales, los que hagan uso de los servicios que prestan las empresas “factureras”, quienes de acuerdo a las estadísticas del propio SAT deberían pagar una cierta cantidad de impuestos y pagan por debajo de ese estándar, quienes abusen en la posibilidad de estímulos fiscales y otros. Como podemos observar todas con excepción de quienes hacen uso de los servicios de las “factureras” que, claramente son acciones indebidas puesto que no se cumple la materialidad de la operación; sino que son operaciones simuladas para obtener una deducción inexistente, los demás son derechos adquiridos por las propias leyes, son acciones que con apego a la Ley el contribuyente puede recuperar impuestos pagados porque se ve en una situación de beneficio fiscal o de sujeto de derechos adquiridos.
Bajo la premisa de fortalecer la recaudación la autoridad hace uso de sus facultades de comprobación al grado de mantener al contribuyente en alerta constante ante la incertidumbre de sus decisiones, ya que el temor de cancelación de los sellos digitales como herramienta de control ante el incumplimiento de diversos criterios establecidos unilateralmente por la autoridad, deja en estado de indefensión al ciudadano que en el afán de cumplimiento puede caer en alguno de los supuestos incluso sin dolo, sin mala fe o por desconocimiento.
En una entrevista reciente, el Secretario de Hacienda Edgar Amador dijo con claridad que la Secretaria a su cargo tiene dos objetivos principales: Garantizar los programas sociales y el incremento de recaudación fiscal. Bajo este panorama a los contribuyentes que pagamos impuestos que somos una base total de aproximadamente el 40% de la población económicamente activa que se encuentra en la formalidad, le genera una desmotivación profunda pues no hay inclusión en los objetivos, y su participación únicamente es de aportación, pero no de inclusión; el crecimiento económico, la educación, la salud, y muchos otros aspectos de beneficio común para la sociedad no fueron mencionados. Por el contrario, los recortes presupuestales a estos rubros son claro ejemplo de no prioridad.
Los impuestos tienen un fin fundamental: contribuir al gasto público y garantizar los servicios esenciales de la sociedad en general. ¿Llegará el momento en que esto se cumpla?
C.P. MF Xóchilt Yadira Sánchez Bonilla
