Luis Tercero Gutiérrez Bribiesca – Egresado en Derecho de UNIVA La Piedad
A cien años de la publicación de la «Ley Calles» en el Diario Oficial de la Federación, México sigue contemplando uno de los episodios más complejos y dolorosos de su historia espiritual y política. Publicada el 2 de julio de 1926, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, aquella reforma al Código Penal no fue simplemente un conjunto de normas sobre asociaciones religiosas; fue, en el fondo, un intento de redefinir el lugar de la fe en la vida humana y en la identidad nacional mexicana.
La trascendencia histórica de la Ley Calles radica precisamente en eso: el Estado no buscó únicamente regular conductas externas, sino delimitar hasta dónde podía llegar la conciencia religiosa de los ciudadanos. La ley pretendía construir un “nuevo mexicano”, desligado de su tradición católica y subordinado plenamente a la visión secular del poder político; en otras palabras, no se trataba solamente de gobernar instituciones, sino de modelar espiritualmente al individuo.
Desde una perspectiva filosófica y católica, el problema de fondo consistió en asumir que la fe podía reducirse a un asunto privado, casi doméstico, sin consecuencias públicas ni sociales. La religión fue tratada como algo que debía permanecer encerrado entre las paredes del templo, lejos de las calles, de la educación, de la vida política y hasta de la identidad visible del creyente.
Por eso, aquellas disposiciones tenían una enorme carga antropológica. La prohibición del uso de distintivos y objetos religiosos por los fieles y, por supuesto, del uso de hábitos religiosos en espacios públicos —artículo 18— no era únicamente una medida de orden exterior; implicaba obligar al creyente a fragmentar su propia identidad. El hábito, la cruz, el rosario o el velo no son simples objetos decorativos, sino expresiones visibles de una pertenencia espiritual. El cuerpo humano también comunica aquello en lo que cree y, por lo tanto, obligar al creyente a ocultar esos símbolos era exigirle una especie de doble vida: creyente en privado, ciudadano secularizado en público.
En el fondo, la Ley Calles operaba bajo una lógica profundamente moderna y racionalista: la idea de que la religión debía ser tolerada solo mientras permaneciera políticamente silenciosa e irrelevante para la vida colectiva. Lo cual es absurdo para el creyente católico, especialmente en México, pues nunca ha sido una fe puramente individual. Su espiritualidad es pública, comunitaria y profundamente cultural. Las peregrinaciones, las procesiones, las fiestas patronales y la presencia de lo sagrado en la vida cotidiana forman parte de la memoria histórica del pueblo mexicano.
Por eso, limitar el culto al interior de los templos significaba algo más que restringir ceremonias religiosas; equivalía a negar que lo divino pudiera habitar también la plaza pública, las calles y la convivencia social. Era un intento de cercar lo sagrado y de convertir la religión en una actividad tolerada únicamente bajo vigilancia estatal.
La tensión se agravó todavía más con las restricciones a la educación confesional. El Estado asumió para sí mismo el monopolio moral de la formación de las nuevas generaciones. Bajo el discurso de la educación laica, muchas veces se escondía un secularismo militante que veía con sospecha cualquier transmisión de valores religiosos dentro del ámbito educativo.
Sin embargo, desde la tradición filosófica cristiana, la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos técnicos o científicos, sino en formar integralmente a la persona. Los padres poseen un derecho natural a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y espirituales y, cuando el Estado pretende sustituir completamente esa tarea, corre el riesgo de convertirse en un poder absoluto sobre la conciencia humana.
Algo similar ocurría con la prohibición impuesta a sacerdotes y ministros de criticar al gobierno o cuestionar las leyes desde el púlpito o las publicaciones religiosas. Detrás de esa censura existía un temor evidente: el reconocimiento implícito de que la religión posee una enorme fuerza moral y social. Pues la Iglesia, cuando es fiel a su misión, no solo anuncia el Evangelio; también denuncia la injusticia, recuerda la dignidad humana y establece límites éticos al poder político.
La Ley Calles buscaba, en cambio, una religión domesticada, silenciosa y subordinada al proyecto presidencial. Pero la historia demostró que la fe del pueblo mexicano no podía reducirse tan fácilmente a un asunto privado. La consecuencia inmediata fue la Guerra Cristera, desarrollada entre 1926 y 1929, uno de los conflictos más dramáticos y, al mismo tiempo, más incomprendidos de la historia nacional. Para muchos historiadores oficiales fue solamente una “rebelión fanática”; para miles de campesinos, sacerdotes y familias enteras, fue una defensa desesperada de su libertad de conciencia y de su derecho a vivir públicamente su fe.
El grito de “¡Viva Cristo Rey!” sintetizaba algo mucho más profundo que una simple consigna religiosa: era una afirmación filosófica y espiritual, el reconocimiento de que existe una autoridad moral superior al Estado. Frente a un poder político que pretendía convertirse en árbitro absoluto de las conciencias, los cristeros proclamaban que ninguna ley humana podía ocupar el lugar de Dios.
La fuerza del movimiento cristero no residía en su capacidad militar; de hecho, muchos combatientes eran campesinos mal armados y sin entrenamiento profesional. Pero su verdadera fuerza provenía de una convicción espiritual profundamente arraigada: la certeza de que la vida humana no se agota en lo material y que existen principios por los cuales vale la pena sufrir e incluso morir; la esperanza de llegar al cielo con el Creador y la fe de que no luchaban defendiendo a alguien, sino que luchaban con Alguien. Esa era su máxima armadura.
En ese contexto aparece una de las figuras más conmovedoras de la historia religiosa mexicana: José Sánchez del Río, originario de Sahuayo, Michoacán. Se unió, siendo apenas un adolescente, a las filas cristeras, movido por una fe extraordinaria para su edad.
Capturado por el ejército federal, fue sometido a torturas brutales. Le desollaron las plantas de los pies y lo obligaron a caminar hasta el lugar de su ejecución. Sus verdugos le ofrecieron salvar la vida si renegaba de Cristo, pero el joven respondió una y otra vez con la frase que marcaría para siempre la memoria de México: “¡Viva Cristo Rey!”.
La figura de José Sánchez del Río revela algo profundamente humano y filosófico: la conciencia puede volverse más fuerte que el miedo cuando encuentra un fundamento trascendente. El Estado podía controlar cárceles, fusiles y tribunales, pero no puede —y no pudo— dominar el interior del hombre, y mucho menos su fe.
Ese fue, en última instancia, el gran fracaso de la Ley Calles. Sus promotores creyeron que el poder político podía remodelar el alma de una nación mediante decretos, persecuciones y violencia institucional. Pensaron que la fe podía extinguirse si se clausuraban templos, se expulsaban sacerdotes o se prohibían símbolos religiosos. Pero olvidaron algo esencial: la fe auténtica del mexicano no habita solamente en los edificios religiosos, sino en la conciencia y en la memoria colectiva de un pueblo.
A casi un siglo de distancia, México vive una realidad distinta. Las iglesias permanecen abiertas, las procesiones recorren nuevamente las calles y la libertad religiosa está reconocida jurídicamente. Sin embargo, la discusión de fondo sigue vigente: cada vez que se ridiculiza públicamente la fe, cada vez que se pretende expulsar lo religioso del debate social o educar como si Dios fuese irrelevante para la vida humana, reaparece, bajo nuevas formas, aquella misma tentación de reducir al hombre únicamente a su dimensión material y política.
Recordar la Cristiada no significa promover resentimientos ni abrir viejas heridas; significa reflexionar sobre los límites del poder estatal y sobre la dignidad irreductible de la conciencia humana. La historia de la Ley Calles demuestra que ningún gobierno, por poderoso que sea, puede apropiarse totalmente del alma de un pueblo.
Porque el mexicano podrá soportar derrotas políticas, injusticias económicas y promesas incumplidas, pero cuando siente amenazada su relación con Dios, emerge una fuerza espiritual difícil de doblegar. Y quizá esa sea la gran lección que dejó aquel periodo oscuro de nuestra historia: que la fe puede ser perseguida, silenciada o marginada, pero jamás encerrada por completo.
Y que el ejemplo de aquellos hombres, mujeres y niños que prefirieron la muerte antes que la traición nos recuerde siempre que la fe más fuerte no es la que no duda, sino la que, aun en medio de la noche más oscura, sigue diciendo: “Señor, ¿a quién iremos?”.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Puedes descargar y consultar la “Ley Calles”, reforma al Código Penal del Distrito Federal publicada el 2 de julio de 1926 en el Diario Oficial de la Federación, dando clic en el siguiente enlace: https://acortar.link/ley_calles_agora
