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No va a terminar bien

Por 13 octubre, 2023octubre 16th, 2023Voces Invitadas

Mtro. Francisco Meza Estrada · Especialista en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNIVA León

 

Vivimos un nuevo capítulo en la relación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, enfrascándose en una disputa que es muy probable, no terminará bien y afectará a los mexicanos en diferentes sentidos.

Se aprobó en comisiones y está por aprobarse en el pleno de la cámara de diputados, la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que manejan una cantidad aproximada de 15 mil millones de pesos. Se trata de una iniciativa de Morena respaldada por los partidos aliados del PT y Verde Ecologista.

En realidad, la indicación vino desde Palacio Nacional como parte de los desencuentros que han tenido desde que asumió la ministra Norma Piña la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como lo señaló el mismo diputado Hamlet Almaguer, en una publicación en redes sociales: El Plan C está en marcha.

Esto nos lleva a evaluar una nueva situación como parte de la relación entre poderes y sus probables implicaciones.

 

Es la Política

Debemos considerar que se trata de una cuestión política, aunque no faltarán los cuestionamientos.

Con la llegada al poder de cualquier político o partido, lo que busca es ejercer ese poder y con esa finalidad controlar o influir en todas las instituciones que comprenden el Estado. Eso es completamente normal y para lograrlo hay diferentes medios y estrategias, sobre todo, en lo que se refiere a los otros poderes y a los organismos autónomos.

En el caso del presidente Andrés Manuel, consiguió y construyó una mayoría calificada en ambas cámaras. En la primera parte de su sexenio, tuvo la mayoría calificada como resultado de las elecciones y porque algunos diputados se pasaron a la fracción mayoritaria. Al final de cuentas, en el Congreso no encontró obstáculo durante los primeros tres años.

En las elecciones intermedias perdió la mayoría calificada en la cámara baja y a pesar de eso, buscó aprobar algunas de sus reformas manipulando el proceso legislativo. Aunque se aprobaron, la Suprema Corte las terminó echando para atrás.

En el caso de los organismos autónomos, el presidente ha tomado diferentes medidas. Respecto al INE encabezado por Lorenzo Córdoba, fue la confrontación directa. Con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue llevarlo a la parálisis, pues no se nombraron a los nuevos comisionados.

 

El Poder Judicial

Con el Poder Judicial, la relación con el presidente se divide en dos grandes partes. En la primera, durante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Saldívar, que mantuvo una relación cercana y de colaboración. Durante esta etapa no se les acusó de privilegios ni de corrupción; por el contrario, se reconoció el trabajo del ministro en la reforma del Poder Judicial e incluso, se buscó que pudiera permanecer en el cargo, pero fracasó en el intento.

Durante este lapso, también el presidente realizó una maniobra política y propuso nuevos ministros. La maniobra tiene que ver con la renuncia inesperada del ministro Eduardo Medina Moral al inicio del sexenio que dejó un lugar vacante en la Suprema Corte. Posteriormente, el presidente propuso a los ministros: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat y Loretta Ortiz. El presidente ha declarado que se equivocó al proponer a algunos de ellos. Y ciertamente, algunos de ellos no han votado a favor de los asuntos del presidente.

Con la llegada de la ministra Norma Piña todo cambió. Los desencuentros fueron evidentes, las resoluciones de la Suprema Corte en contra y entonces vinieron las acusaciones. El presidente señaló a ministros y jueces de gozar de privilegios, favorecer intereses y de impedir la aplicación de la justicia.

A tal grado se ha llegado, que se ha planteado la necesidad de promover una nueva reforma al Poder Judicial en donde los jueces y ministros sean electos por los ciudadanos.

Los ministros, por su parte, han declarado poco, pero se han pronunciado a través de su argumentación y el sentido de su voto en los diferentes asuntos abordados. En síntesis, argumentan que sus decisiones están basadas en el cumplimiento de la Constitución.

En el contexto de esta confrontación es como aparece la medida de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, en donde se encuentran recursos para pensiones de mandos superiores, mandos medios y personal operativo, prestaciones médicas, entre otros. Sin duda, habrá aspectos discutibles, pero también es verdad que se trata de una medida unilateral de la 4T.

 

Lo que se viene

Es muy probable que la medida llegue a prosperar, pero ese no será el final de la historia. Por el contrario, provocará un revuelo político y algunos de sus posibles escenarios serán las siguientes:

  •  Primero, es casi un hecho que los partidos de oposición reaccionarán interponiendo un recurso de inconstitucionalidad, como ha venido ocurriendo con otras decisiones legislativas para contener la unilateralidad del Poder Ejecutivo.
  • El mismo Poder Judicial ha comenzado a expresar su posición y ha hecho saber a la opinión pública que los recursos de dichos fideicomisos afectan a los derechos laborales de los empleados y jubilados y, por lo tanto, son compromisos que se deben cumplir.
  • En la lógica del recurso de inconstitucionalidad, este asunto muy seguramente llegará a la Suprema Corte en donde se concentrará la atención jurídica y política de todo el país.
  • Independientemente de cualquier decisión que tome la Suprema Corte, el presidente mantendrá su discurso sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial y ahora encontrará eco en las campañas electorales adelantadas de los aspirantes a un cargo público.
  • A expensas del resultado, los mexicanos salimos perdiendo por la situación que se vive de inseguridad e impunidad, porque será nuevamente la disputa política la que ocupará los primeros planos y no la colaboración entre poderes para conseguir resultados por la justicia en México.

Por esa razón, la continuación de las diferencias entre estos dos poderes no va a terminar bien para todos los mexicanos. Eso es lo lamentable.

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