Isabel Rodríguez • Alumna de la Licenciatura en Derecho UNIVA Querétaro
Los cambios en el mundo del trabajo y las crisis económicas han tenido expresiones particulares y complejas para la población. La situación laboral en México, de por sí adversa en la etapa previa al surgimiento de la pandemia del COVID-19, se vio aún más afectada durante el periodo de distanciamiento social y emergencia sanitaria; como resultado, ha tenido un severo impacto principalmente en la educación, políticas sociales y económicas, por lo tanto, marcado desde sus estructuras por la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral.
Según datos duros del INEGI revelaron que la pandemia por COVID-19 ha tenido consecuencias como la pérdida de empleos y la disminución del comercio informal. Particularmente, la crisis ha afectado a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez, la menor probabilidad de encontrar empleo desalienta su búsqueda, aumentando el número personas inactivas que no tiene un empleo, ni tampoco estudian; los largos periodos de inactividad dejan más informalidad y mayor exclusión en el mercado laboral a futuro.
El 54 % de las personas de entre 15 y más años de edad que dejaron de trabajar desde el inicio de la pandemia COVID-19 fueron despedidos o las empresas en donde laboraban cerraron, mientras que a otros las medidas de aislamiento para controlar la emergencia sanitaria frustraron sus emprendimientos o empleos informales.
Otro fuerte golpe fue para la educación, el cierre de centros escolares en todo el país, el cual arrastraba grandes rezagos pues aun cuando estaban en la escuela, no estaban adquiriendo las habilidades fundamentales necesarias para la vida. Además, el aumento de la deserción escolar en especial en personas desfavorecidas. Dificultándose de esta manera la futura reinserción laboral y la mejora condiciones. Cabe señalar que la transición de la escuela al mercado laboral es un momento importante en la vida de la población, ya que no sólo transcurre entre el fin de su educación y el momento en que acceden por primera vez a un trabajo; esto también alude a elementos cualitativos como el grado de estabilidad en el empleo, mismo que facilita otros procesos de transición.
Yo pienso que otras de las causas de la crisis fue que muchos estudiantes no contaban con un escritorio, libros, material de lectura, conexión a internet, una computadora en casa o padres que los apoyen. La inequidad aumentará porque es probable que estos impactos sean mayores para los estudiantes provenientes de hogares vulnerables y que necesitan má́s educación para salir de la pobreza serán quienes, probablemente, estén más privados de ella debido a la crisis. Las razones son simples la falta de educación y la carencia de empleos formales, el nivel de escolaridad también es clave en esta situación, 70.7 % de la población que se encuentra en la informalidad cuenta con secundaria o un menor nivel de escolaridad, para los que tienen un nivel medio superior o superior se reduce a 38.7 %, únicamente 4 de cada 10 con este grado de escolaridad se encuentra en el empleo informal.
En cuanto a las personas con nivel superior que se encuentran en la informalidad los motivos tienen que ver con la falta de oportunidades laborales, la poca generación de empleos formales, por lo que sólo se tienen como opción salir de país en busca de una oportunidad o emprender su propio negocio; el empleo formal está condicionado, además, por el género y la edad, factores que afectan la inserción al mercado laboral formal.
Por otro lado, para superar la brecha de informalidad se tiene que crear mejores condiciones laborales ampliando el sector formal, el 8.3 % de la población que trabaja en la formalidad tiene un salario mínimo, en el sector informal tenemos a 37 %. Existe un 37 % de la población dentro de la formalidad y 39.5 % en la informalidad. Ahora bien, si le vemos el lado positivo a lo que la pandemia ha generado está la capacidad que los mexicanos tenemos para la creatividad y la innovación.
Ahora bien, dado las cifras anteriores tenemos que 72 % de los empleos formales son creados por las MIPyMEs, aportando al producto interno bruto (PIB) 52 %, por lo que es de suma importancia que estas sigan creciendo. El mayor acceso a la educación actualmente ha producido una visión más amplia al respecto, pero dos existen dos grandes problemas que enfrenta la población como son la falta de recursos e inexperiencia.
Las microempresas representan 95.4 % del total de las empresas del país, las pequeñas empresas 3.6 % y las medianas 0.8 %. La creación de una empresa es difícil debido a las externalidades que acontecen o las trabas en los procesos, ya sean por recursos o el difícil acceso a las certificaciones, por lo que la esperanza de vida de las mismas es muy poca, la mayoría de ellas quiebran en los primeros dos años, 62.6 % de las microempresas con hasta dos empleados sobrevivirán el primer año y 42.6 % lo harán hasta el segundo año, más de la mitad de estas empresas no alcanzará a consolidarse.
El Índice de Competitividad Digital es elaborado por el Centro de Competitividad Mundial con la función de medir “la capacidad y disposición de 63 economías para adoptar y explorar tecnologías digitales como un motor clave para la transformación económica en las empresas, el gobierno y la sociedad en general”. México se ubicó en el lugar 54 de 63 países evaluados en el IMD 2020; destacando en particular los resultados en conocimiento (lugar 52), prospectiva de futuro (52) o tecnología (56). “Los factores que influyeron en el descenso de México fueron las deficiencias del marco regulatorio, pocas inversiones en infraestructura, tecnología y telecomunicaciones, además de que disminuyó la experiencia de participación electrónica, es decir, capacitación para utilizar los medios digitales”, lo cual influyó en el descenso en materia regulatoria regulatorio, infraestructura e inversiones en tecnología, así como los problemas de educación y capacitación para utilizar los medios digitales, Es decir, los esfuerzos de una mayor cobertura y entendimiento de la población en las TIC ́pueden fomentar acciones de mejora que permitan un crecimiento en la competitividad digital, aunque también se requieren acciones que permitan una competencia real a fin de que las compañías ofrezcan mejores productos, y con ello aumentar las consecuencias positivas de dichas innovaciones.
Por medio de la competitividad digital México podría lograr ser un país más incluyente y próspero. Un aporte importante para la sociedad mexicana frente a la situación vivida durante la pandemia del COVID-19 es que las clases de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se ofrecieron de manera digital, valorando inevitablemente la competitividad digital en una época de crisis generalizada, con miras a generar condiciones para un uso adecuado de internet y multimedia en nuestro país.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 fue elaborada por INEGI, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los resultados dados a conocer en febrero de 2020 destaca que cerca de 80 millones y medio de personas son usuarias de internet en nuestro país, 76.6 % de la población urbana es usuaria de internet. En la zona rural los usuarios se ubican en 47.7 %. De los hogares del país, 44.3 % dispone de computadora y 92.5 % cuenta con al menos un televisor. Es decir, una de cada cuatro personas en la ciudad y una de cada dos en regiones rurales no es usuaria de internet. En cuanto al tema de equidad de género en el acceso a internet, el INEGI informó que de los 80.6 millones de usuarios de internet de seis años o más, 51.6 % son mujeres y 48.4 % son hombres, por lo que aún existe un importante desafío para generar las condiciones necesarias para el uso de la población en las TIC.
Asimismo, todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo y a la libre elección; a condiciones equitativas y satisfactoria; a la protección contra el desempleo; a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure, así como a la familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. De igual forma la seguridad social contiene derechos que ha ganado el hombre después de largas luchas, particularmente obreras, a fin de incentivar el desarrollo personal y proteger el goce de derechos económicos, sociales y culturales. Mismos que están plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
En este sentido, tomando como bandera lo dispuesto en el artículo 5º y 123º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, en el que el Estado debería fomentar la organización de instituciones de esta índole. Así como las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas por los trabajadores en plazos determinados. Y a su vez la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el concepto de “Trabajo Decente”, el cual se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para incorporarse al sector productivo y que les genere un ingreso que les permita vivir con dignidad. Así mismo, éste debe garantizar los derechos a la seguridad social tanto para los trabajadores como para sus familias, en los que se incluye servicios de salud y pensiones dignas. Por lo que refiere a la seguridad social, la OIT la define como la protección que una sociedad proporciona a sus habitantes para asegurar el acceso a la asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, desempleo, vejez, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, etc.
La economía informal ha avanzado a pasos gigantescos, sin que los gobiernos hayan podido controlar el fenómeno y sin que las instituciones económicas sean capaces de reducir las actividades subterráneas. La crisis de la pandemia COVID-19 es un llamado a la acción para un buen desarrollo y para atender la problemática, porque, ya que no existen soluciones simples y masivas para revertir las situaciones tan complejas y estructurales, el crecimiento económico es esencial para generar más empleos, el cual no es suficiente si no va acompañado de políticas públicas, educativas y sociales.
La mayoría de los trabajadores que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades y por no contar con medios de subsistencia. Los que tienen empleo lo realizan con un alto grado de inobservancia de la ley laboral y de falta seguridad social. Y aquellos que laboran por su cuenta sufren los inconvenientes de la falta de protección y de la incertidumbre de los ingresos afectando a su sano desarrollo, en el orden físico, mental y profesional, condicionados por sus antecedentes económicos como son: bajo nivel de educación, falta de competencias y discriminación por género; además de que se ha pulverizado el mercado laboral y han surgido figuras que, en aras de la competitividad, fueron lastimando derechos consagrados y ya reconocidos en nuestras leyes.
El Estado también se ha visto afectado al no obtener los recursos fiscales necesarios. Por el hecho de no contribuir fiscalmente tanto trabajadores y empresas, complicando el mantenimiento de los servicios públicos. De ahí que, si la carga fiscal recae en un segmento menor a la totalidad de la población, los ingresos se vuelven insatisfactorios y los servicios se vuelven ineficientes.
Dado el contexto actual las empresas optan por no incorporarse al sector formal, por las dificultades administrativas que implica. En México esto ha tenido altos niveles, registrado en las estadísticas, como consecuencia del bajo nivel de crecimiento de la economía, teniendo consigo implicaciones en los empleos formales.
Por otra parte, gracias a la pandemia muchas personas retomaron sus estudios en línea, ahora hay mayor demanda en cuestión de educación. Muchos cursos son gratuitos y gracias a internet podemos adquirir cualquier tipo de conocimientos e interactuar con los mejores ponentes de cualquier parte del mundo.
Desde luego, se requiere una fuerte inversión para construir un sistema educativo integral que prepare a los estudiantes y trabajadores para satisfacer las demandas del mercado laboral en tres rubros: habilidades cognitivas, técnicas y socioemocionales.
Así como la participación de las instituciones y la generación de políticas públicas de desarrollo de competencias laborales que respalden el aprendizaje a lo largo de la vida, se adecuen a las cambiantes necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías; reconociendo los conocimientos adquiridos previamente con el fin de ayudar a los hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza y obtener empleos libremente elegidos, sin dejar de lado las políticas salariales adecuadamente formuladas, dispositivos de protección social que incluyan transferencias en efectivo, programas de empleo público y mecanismos de garantía; y una mejor divulgación y prestación de servicios de empleo entre las personas ocupadas en la economía informal.
La importancia de legalizar el comercio informal no sólo radica en el potencial de recaudación, sino sobre todo en que ello representaría la estimulación total de la economía nacional y, por tanto, la generación de un crecimiento económico. Por ello, considero posible emplear una mayor equidad fiscal y diseñar políticas confiables y efectivas para resolver el problema del mercado informal.
Se debe partir de la necesidad de convencer a los comerciantes de las bondades de pertenecer al círculo económico formal, así como sus bondades: el ingreso a programas de desarrollo y vinculación industrial; la oportunidad de desarrollo empresarial e incluso la realización directa con asociados de realizar importaciones de productos; crear franquicias y estrechar lazos con otros niveles de la cadena productiva.
Es aquí en donde el derecho debe tener una participación importante para la regulación del pago de los impuestos, así como en la vigilancia de los trámites administrativos, evitando se dé el tráfico de influencias que finalmente recae en la evasión fiscal de la población que se dedica al comercio informal.
Un factor clave e importante es la educación que determina los resultados del empleo al ofrecer habilidades y aptitudes necesarias para desenvolverse en el mundo laboral y, por consiguiente, para facilitar la transición de la escuela al trabajo formal.
En estos momentos en que la pandemia ha dejado una profunda crisis económica considero que han generado mejores condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) que representan un gran motor de la economía y la generación de empleos que requiere el país. Con la Ley de Desarrollo de la Competitividad, en materia de capacitación e innovación tecnológica, se han vinculado las universidades con las empresas para impulsar el crecimiento y la mejora de empleos.
Con la situación de la pandemia ha cambiado el panorama en nuestro país, si bien la crisis es una externalidad que nadie planeaba, es una oportunidad de cambiar; el desempleo ha aumentado. Pero hoy, con la explosión de las redes sociales y la digitalización de casi todas las actividades cotidianas, se venden y ofrecen productos a través de internet. Según el INEGI, los roles y estereotipos por razón de género han colocado a las mujeres en sectores considerados tradicionales, como el comercio, tanto formal como informal. El 53.7 % de las mujeres se dedican a esta actividad frente a 35.5 % de los hombres. Muchas de ellas son amas de casa y realizan actividades no remuneradas domésticas y de cuidados, las cuales equivalen a 19.3 % del PIB nacional, de acuerdo con el INEGI. Las cifras más recientes al cierre del 2019 indican que este trabajo tiene un valor de 5 billones de pesos. No obstante, solo 41 % de las mujeres se considera apta para iniciar un negocio frente al 50 % de los hombres, de acuerdo con un informe realizado por el Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico
Derivado de lo anterior entró en vigor las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o home office, así como las obligaciones que tanto empleadores como las y los trabajadores deben cumplir. Donde se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón.
Ciertamente, la competitividad digital aún no ha sido lo suficientemente abordado por diferentes instituciones públicas, lo cual rezaga las oportunidades que se pueden alcanzar. La pandemia del COVID-19 y la respuesta que se ha brindado por diferentes sectores de la población han reflejado el grado de avance o las deficiencias que pueden existir en el tema, por lo que la adaptación social a la nueva realidad ha ido de la mano con el desarrollo tecnológico.
La emergencia sanitaria ha causado estragos considerables en el mundo laboral del paíś. A la pérdida masiva de empleos le siguen la imposibilidad de recuperar las plazas que se hallaban ocupadas, previo a la contingencia, la caída de los ingresos laborales, el aumento de las personas ocupadas en situación de pobreza laboral y la inmensa cantidad de otras que se encuentran trabajando en la esfera de los ocupados informales, que perciben ingresos precarios y carecen de acceso a los servicios de la seguridad social.
