Daniela Ramírez Salazar – Estudiante de la Licenciatura en Derecho
El mes de marzo es reconocido internacionalmente como un periodo para visibilizar las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, así como los avances y desafíos que aún persisten en distintos ámbitos de la vida pública. En este contexto se inscribe el presente artículo, cuyo propósito es evidenciar una tensión persistente dentro del Estado mexicano: la distancia entre el reconocimiento jurídico de la igualdad entre mujeres y hombres y la distribución real del poder dentro de las instituciones públicas. El Estado mexicano ha incorporado de manera expresa el principio de igualdad y no discriminación en el artículo 1° de la Constitución Política, así como la igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 4°. Asimismo, México es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento internacional que obliga a los Estados a adoptar medidas orientadas a eliminar la discriminación estructural y garantizar condiciones de igualdad sustantiva.
Sin embargo, la consolidación normativa no ha significado, por sí misma, una redistribución efectiva del poder dentro del sector público. Las cifras oficiales revelan una realidad más compleja. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres representan más de la mitad del personal ocupado en el sector público mexicano, pero su presencia disminuye conforme se asciende en la jerarquía administrativa. En los niveles superiores y en puestos estratégicos de decisión, la presencia masculina continúa siendo predominante. En el ámbito legislativo federal, la reforma en materia de paridad ha permitido que ambas Cámaras del Congreso alcancen una integración cercana al 50% de mujeres. No obstante, los espacios de mayor influencia política —como coordinaciones parlamentarias, presidencias de órganos y comisiones estratégicas— continúan siendo ocupados mayoritariamente por hombres. La paridad numérica, por tanto, no necesariamente implica control efectivo de la agenda ni del ejercicio real del poder.
En este contexto, México dio recientemente un paso histórico al elegir por primera vez a una mujer como titular del Poder Ejecutivo federal. La llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República representa un avance simbólico y político relevante en la participación de las mujeres en los niveles más altos del poder. Sin embargo, este hecho también permite advertir una tensión más profunda: la presencia de una mujer en la jefatura del Estado no garantiza por sí misma la transformación de las estructuras del poder. Mientras muchas mujeres continúan enfrentando obstáculos para acceder y permanecer en posiciones de decisión dentro de las instituciones públicas, millones de ellas siguen viviendo desigualdades estructurales y diversas formas de violencia en su vida cotidiana. En este sentido, la presencia femenina en la titularidad del Ejecutivo puede entenderse más como un referente simbólico de apertura política que como evidencia definitiva de una redistribución estructural del poder en favor de las mujeres.
Una situación similar se observa en la administración pública federal. Aunque ha aumentado el número de funcionarias en niveles técnicos y mandos medios, las secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales con mayor peso presupuestal han sido ocupadas mayoritariamente por varones. Datos de la Secretaría de la Función Pública evidencian que la brecha se acentúa precisamente en los niveles donde se concentran las decisiones
estratégicas y las asignaciones presupuestarias. Este fenómeno no puede explicarse únicamente desde la perspectiva normativa. La igualdad formal —entendida como el reconocimiento jurídico abstracto de los mismos derechos para todas las personas— resulta insuficiente cuando las estructuras institucionales permanecen prácticamente inalteradas. La igualdad sustantiva, en cambio, exige condiciones reales que permitan ejercer derechos en circunstancias de verdadera equidad. La cultura institucional del sector público mexicano se ha configurado históricamente bajo parámetros masculinos. Las trayectorias políticas, redes de influencia y los mecanismos informales de promoción han operado durante décadas dentro de estructuras donde los hombres han tenido mayor presencia, consolidando patrones de acceso y permanencia en los espacios de poder.
A estas dinámicas se suman factores estructurales que influyen directamente en las posibilidades de participación de las mujeres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado que en México las mujeres dedican más del doble de horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Esta realidad condiciona sus posibilidades de asumir cargos que exigen jornadas extendidas, movilidad territorial y disponibilidad permanente, características frecuentes en posiciones de alta responsabilidad dentro de la administración pública. Aunque el Estado ha desarrollado programas de igualdad y mecanismos de transversalización de la perspectiva de género, su implementación depende de estructuras administrativas históricamente dirigidas por hombres. Durante décadas, los principales espacios de diseño normativo, asignación presupuestal y evaluación institucional han sido ocupados mayoritariamente por varones. En muchos casos, las propias políticas de igualdad han sido diseñadas e implementadas desde estructuras institucionales previamente consolidadas bajo predominio masculino.
A lo anterior se suma la violencia simbólica y política. Aunque el orden jurídico ha avanzado en la tipificación de la violencia política de género, persisten discursos que cuestionan la legitimidad del liderazgo femenino en la función pública. Estas manifestaciones no sólo afectan a las mujeres que ocupan cargos visibles, sino que también envían un mensaje sobre los límites socialmente tolerados del ejercicio del poder por parte de las mujeres. El contraste entre el marco constitucional y la realidad evidencia una tensión entre el discurso jurídico y la práctica administrativa. México cuenta con uno de los sistemas de paridad más avanzados a nivel normativo; sin embargo, la redistribución efectiva del poder dentro del sector público continúa enfrentando barreras estructurales y culturales. El desafío no radica únicamente en perfeccionar la legislación, sino en transformar las dinámicas históricas de acceso y permanencia dentro de las instituciones públicas. Mientras la estructura del poder permanezca configurada bajo parámetros tradicionalmente masculinizados, la igualdad seguirá operando principalmente en el plano formal, sin traducirse plenamente en ejercicio efectivo de autoridad y toma de decisiones por parte de las mujeres.
Desde la universidad —y particularmente desde la formación jurídica de los estudiantes de Derecho— resulta indispensable poner estos temas sobre la mesa con claridad analítica y responsabilidad académica. Visibilizar las tensiones entre norma y realidad, entre igualdad formal e igualdad sustantiva, es fundamental para comprender los desafíos del Estado contemporáneo y contribuir, desde el Derecho, a la construcción de instituciones verdaderamente incluyentes.
Nota: esta columna se inscribe en el marco de los proyectos de investigación de la Academia de Derecho de Lagos de Moreno.
