Enrique Onofre Peguero · Estudiante de la Licenciatura en Derecho, UNIVA Guadalajara
Es evidente que México atraviesa una crisis que pocos imaginaron. Esto resulta aún más impactante considerando las mejoras graduales que había logrado el país, como la reforma constitucional de 2011, que elevó a rango constitucional los tratados internacionales y estableció la obligación de reconocer y proteger los derechos humanos como derechos fundamentales en nuestra Ley Suprema.
Desafortunadamente, tras una reciente reforma judicial, estos derechos pueden ser vulnerados de forma descarada y quedar deficientemente protegidos por la autoridad. Para abordar este tema, es necesario explicar qué autoridad tiene la facultad judicial de proteger nuestros derechos humanos y fundamentales.
En México, el Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver conflictos entre personas, así como entre entidades de poder público, además de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Este órgano está integrado por diversos tribunales y juzgados; en esta ocasión, hablaremos específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito. Estos órganos jurisdiccionales son los principales defensores de los derechos humanos y fundamentales, y lo hacen mediante el juicio de amparo, un mecanismo de defensa constitucional.
El juicio de amparo es un recurso que cualquier persona puede promover cuando alguna autoridad vulnera sus derechos humanos y fundamentales. El proceso comienza con la interposición de una demanda de amparo, ya sea directo o indirecto según el caso, ante el juzgado de distrito (en caso de amparo indirecto) o el tribunal colegiado de circuito (para el amparo directo), que tiene la competencia de amparar y proteger al quejoso en el momento procesal adecuado.
Detrás de cada órgano jurisdiccional hay profesionales con años de experiencia y formación, preparados para emitir resoluciones justas y dignas.
Ahora bien, respecto a la reforma judicial, la idea de permitir la elección popular de cargos como ministros, magistrados y jueces puede parecer atractiva. Sin embargo, esta “buena intención” esconde un riesgo. Si bien es cierto que existen problemas de corrupción en el acceso a estos puestos, la solución no está en que los cargos se elijan por voto popular, ya que esto podría aumentar la corrupción.
La evidencia se ve en épocas electorales: los altos mandos y partidos políticos colocan como candidatos a personas que les convienen para sus propios intereses. En el caso del Poder Judicial, esto podría significar una pérdida de independencia, convirtiéndolo en un poder subordinado a la política, donde las resoluciones y acuerdos se dicten en beneficio de ciertos líderes, y no de los ciudadanos.
¿Estarías dispuesto(a) a dejar tus derechos humanos y fundamentales en manos de un político corrupto?
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2012). El Poder Judicial de la Federación. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
