Juan Pedro Gómez Rojas – Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la UNIVA campus Lagos de Moreno.
La corrupción dentro de los órganos de seguridad pública en México se ha consolidado como uno de los problemas más persistentes que enfrenta el sistema de justicia y la confianza ciudadana. En distintas regiones del país, denuncias, investigaciones y testimonios han evidenciado prácticas irregulares dentro de las corporaciones policiales que van desde el cobro de sobornos hasta la protección de actividades delictivas. No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno que, por su recurrencia, permite identificar causas estructurales que favorecen su permanencia.
Hablar de corrupción en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública implica reconocer un problema que afecta directamente la eficacia del Estado. En términos generales, puede entenderse como el uso indebido del poder y de las funciones policiales para obtener beneficios personales o para terceros, lo que debilita no solo la operatividad institucional, sino también la legitimidad de las autoridades frente a la ciudadanía.
En este sentido, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y que debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 21).
Uno de los factores más señalados por diversos analistas es el bajo salario que perciben muchos elementos policiales. En varios municipios del país, los sueldos de los policías preventivos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, lo que genera un contexto de vulnerabilidad económica que puede propiciar la aceptación de sobornos o la participación en actos ilícitos. Esta situación se vincula con lo previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de cohecho, así como con el artículo 108 constitucional, que establece la responsabilidad de los servidores públicos por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
A esta problemática se suma la insuficiente preparación profesional de algunos integrantes de las corporaciones. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los elementos policiales deben someterse a procesos de formación, evaluación y certificación, incluyendo controles de confianza. No obstante, en la práctica, estos mecanismos no siempre se aplican de manera homogénea ni efectiva en todo el país, lo que genera brechas en la calidad del servicio y en la conducta ética de los agentes.
Otro elemento relevante es la precariedad del equipamiento con el que operan muchas corporaciones. La misma Ley General establece la obligación de dotar a las instituciones de seguridad de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, en diversas entidades del país, los policías enfrentan condiciones adversas como patrullas en mal estado, chalecos antibalas vencidos, armamento obsoleto o falta de herramientas básicas de comunicación, lo que contraviene los principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo.
Además de los factores económicos e institucionales, es importante reconocer el papel que juega la cultura social en la persistencia de la corrupción. En ocasiones, prácticas como “arreglarse con el oficial” se han normalizado en ciertos contextos, lo que dificulta la aplicación efectiva de normas como las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual sanciona conductas como el cohecho, el peculado y el uso indebido de recursos públicos.
La combinación de estos factores —salarios insuficientes, falta de capacitación, carencias materiales y tolerancia social— configura un entorno propicio para la reproducción de la corrupción dentro de las corporaciones policiales. En este contexto, resulta difícil consolidar instituciones de seguridad confiables y eficaces.
No obstante, existen rutas posibles para enfrentar este problema. Diversos especialistas coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los policías, fortalecer los procesos de selección y formación, invertir en equipamiento adecuado y promover una cultura de legalidad. Estas medidas encuentran respaldo en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, así como fortalecer la rendición de cuentas. En los últimos años, algunos gobiernos locales han impulsado reformas orientadas a profesionalizar a las policías, incrementar salarios y establecer controles de confianza más rigurosos. Sin embargo, los resultados han sido desiguales, lo que evidencia que las soluciones requieren continuidad, coordinación institucional y voluntad política sostenida.
Asimismo, los datos permiten dimensionar la magnitud del problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 83.1% de la población mexicana considera que la corrupción es una práctica frecuente en el país, lo que refleja una percepción social ampliamente extendida que incide directamente en la confianza hacia las instituciones públicas (INEGI, 2021).
Desde una perspectiva institucional, el problema de la corrupción en los órganos de seguridad pública no puede reducirse únicamente a la conducta individual de los agentes, sino que debe entenderse como una problemática estructural que requiere atención integral. Mientras no se atiendan de manera simultánea las condiciones laborales, los mecanismos de profesionalización y los factores culturales que la sostienen, cualquier esfuerzo aislado resultará insuficiente.
En este contexto, resulta fundamental reconocer el papel de las universidades —y particularmente de las facultades de Derecho— en la construcción de soluciones de fondo. Su función no debe limitarse a la enseñanza normativa o al análisis teórico de los problemas, sino que implica la formación de profesionales con sentido ético, responsabilidad social y compromiso con la legalidad. Esto supone no solo estudiar la corrupción como fenómeno jurídico, sino también promover una cultura institucional orientada a la integridad, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de Derecho. En el caso específico de las facultades de Derecho, su responsabilidad es aún mayor, pues de ellas egresan quienes habrán de interpretar, aplicar y, en muchos casos, transformar las estructuras jurídicas que hoy enfrentan estas problemáticas.
La corrupción en las instituciones de seguridad pública representa no solo un problema institucional, sino también un reto social, jurídico y cultural que exige transformaciones profundas. No basta con reformas normativas ni con ajustes administrativos aislados; se requiere una estrategia integral que atienda simultáneamente las condiciones estructurales del sistema, los mecanismos de profesionalización y, sobre todo, la cultura que permite su reproducción.
En este horizonte, el desafío que enfrenta México es construir una auténtica cultura de Derecho, en la que la legalidad deje de ser percibida como una imposición externa y se convierta en una convicción colectiva que oriente la conducta pública y privada. Ello implica ciudadanos comprometidos con el cumplimiento de la ley, autoridades íntegras en el ejercicio de sus funciones y profesionales del Derecho capaces de actuar con ética, responsabilidad y sentido de justicia. Solo a través de esta transformación será posible fortalecer la confianza en las instituciones, consolidar el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad pública deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad efectiva.
Nota: Esta columna se inscribe en el marco de los proyectos de investigación de la Academia de Derecho de Lagos de Moreno.
Fuentes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 21 y 108. Disponible en: https://www.constitucionpolitica.mx
Código Penal Federal. Artículo 222. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2021). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/
