Samantha Herrera Frausto – Estudiante de la Licenciatura en Derecho
Vivimos en una época en la que la libertad individual suele invocarse para justificar prácticas que, lejos de liberar a las mujeres, refuerzan nuevas formas de subordinación. La pornografía se presenta como entretenimiento, la prostitución como «trabajo sexual» y los vientres de alquiler como expresión de una supuesta libre elección. Sin embargo, detrás de estos eufemismos opera una lógica bien conocida: la del mercado que convierte el cuerpo femenino en una mercancía dentro de un sistema económico y cultural profundamente desigual. Nombrar esta realidad no es exageración moral, sino un ejercicio de análisis: muchas de estas prácticas reproducen formas estructurales de violencia sexual y reproductiva.
La industria pornográfica es, ante todo, una industria global. Según datos de la Internet Watch Foundation (2023), aproximadamente el 88 % del contenido pornográfico de internet contiene escenas de agresión física dirigida a mujeres; y un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que la exposición temprana a la pornografía se asocia con actitudes tolerantes hacia la violencia sexual en adolescentes varones. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 quinquies, tipifica la violencia mediática como todo acto que, a través de cualquier medio de comunicación, promueva estereotipos sexistas o produzca discursos de odio de género. La pornografía mainstream, que normaliza la sumisión femenina y la dominación masculina, encuadra perfectamente en esta categoría, aunque el Estado mexicano rara vez actúa en consecuencia. En México, según el artículo 199 octies del Código Penal Federal, se tipifica y penaliza la violación a la intimidad sexual; mientras que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos del 3 al 6, se mencionan las generalidades sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres, incluida la cosificación.
La prostitución no es más horizontal por llamarse «trabajo sexual». La Organización Mundial de la Salud (OMS) documenta que las mujeres en situación de prostitución tienen entre 45 y 75 veces más probabilidades de ser asesinadas que la población general femenina. El 89 % de ellas desearía abandonar la prostitución si contara con alternativas económicas reales (Farley et al., 2003). En México, más del 95 % de los delitos sexuales no son denunciados (ENVIPE-INEGI, 2023), lo que revela no solo la impunidad sistémica, sino el terror que silencia a quienes son más vulnerables: mujeres pobres, indígenas y migrantes. No se trata de criminalizar a las mujeres, sino de reconocer que la desigualdad económica, lejos de ser una condición previa a la prostitución, es su motor principal dentro de una economía capitalista que monetiza la precariedad.
Los vientres de alquiler o gestación subrogada comercial representan una de las formas más recientes y sofisticadas de mercantilización del cuerpo femenino. Bajo el discurso de la autonomía reproductiva se esconde una transacción en la que el dinero y la clase social determinan quién gesta y quién decide. La Relatora Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños advirtió en 2019 que la gestación subrogada comercial puede constituir una forma de tráfico de personas cuando opera bajo condiciones de vulnerabilidad económica. En la práctica global, las mujeres gestantes provienen invariablemente de países o estratos sociales empobrecidos, mientras que los contratantes pertenecen a sectores privilegiados: la interseccionalidad de clase, etnia y género es imposible de ignorar.
Desde una perspectiva general del tema, es imperativo señalar que los tres problemas planteados se presentan también como negocios. Se estima que solamente la gestación subrogada genera ganancias anuales por miles de millones de dólares y se proyecta un crecimiento considerable. Por su parte, la industria pornográfica representa miles de millones —incluso billones— a nivel mundial cada año. Cuando hablamos de prostitución dentro de los márgenes legales, informes indicaron hacia finales de 2024 que las trabajadoras sexuales mueven cerca de 90 mil millones de pesos al año. Siendo que México es catalogado como segundo lugar en turismo sexual, las cifras son aún más inaccesibles; sin embargo, se estima que la explotación sexual infantil en destinos turísticos —en general— es una de las formas más lucrativas, generando a nivel global cifras multimillonarias (hasta 173 mil millones de dólares).
Desde el feminismo jurídico y el derecho internacional de los derechos humanos, estas prácticas no pueden analizarse de forma aislada: son el resultado de estructuras patriarcales normalizadas que el derecho tiene la obligación de cuestionar, visibilizar y transformar. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México, obliga al Estado a combatir no solo la violencia directa, sino también las condiciones estructurales que la perpetúan, incluidas las representaciones culturales y los modelos económicos que cosifican a las mujeres. El Comité CEDAW ha señalado reiteradamente que la desigualdad de género es tanto causa como consecuencia de la violencia, configurando un ciclo que el capitalismo patriarcal tiene interés en mantener.
Los datos en México confirman la urgencia. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que el 49.7 % de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia sexual a lo largo de su vida. Cada día son asesinadas en promedio diez mujeres en el país, y una proporción significativa de estos feminicidios va precedida de violencia sexual (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2023). La violencia no es un accidente del sistema: es su producto.
Nombrar estas realidades como violencia no es moralismo ni puritanismo: es rigor analítico y compromiso con los derechos humanos. Mientras el mercado siga encontrando en los cuerpos de las mujeres un espacio rentable de explotación, y mientras las estructuras patriarcales continúen justificándolo, la violencia sexual y
reproductiva seguirá repitiéndose como una estadística más. El desafío consiste en dejar de normalizar aquello que, en el fondo, nunca debió considerarse aceptable. Desde la universidad, como espacio de reflexión crítica y formación ética, existe también la responsabilidad de visibilizar estas problemáticas, promover el debate informado y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
*Nota: esta columna se inscribe en el marco de los proyectos de investigación de la Academia de Derecho de Lagos de Moreno.
Fuentes de referencia
CEDAW / Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General N.° 35 (2017). Violencia por razón de género contra la mujer.
Farley, M. et al. (2003). Prostitution and trafficking in nine countries. Journal of Trauma Practice, 2(3-4), 33-74.
INEGI-ENVIPE (2026). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, México: INEGI.
INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021). México: INEGI.
Internet Watch Foundation (2023). Annual Report. Cambridge: IWF.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México: Diario Oficial de la Federación (última reforma 2022).
OMS (2021). Violence against women. Global and regional estimates. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
ONU / Relatora Especial sobre venta y explotación sexual de niños (2019). Report on surrogacy and sale of children. A/HRC/37/60.
Secretariado Ejecutivo del SNSP (2023). Información sobre violencia contra las mujeres. Ciudad de México: SESNSP.
