Mtro. Francisco Meza Estrada · Alumni UNIVA León
Acabamos de ser testigos que la reforma constitucional, en materia electoral, del presidente Andrés Manuel no prosperó en la Cámara de Diputados y como respuesta se presentó el llamado “Plan B”, que fue aprobado en la madrugada y enviado al Senado para su discusión y votación.
Dicho acontecimiento merece un doble análisis para tratar de comprender su importancia en el contexto político que vive el país y sus posibles repercusiones. El primer análisis se refiere a la reforma en sí con sus principales implicaciones y el segundo, la reforma, pero en el marco de la última parte del sexenio junto con el resto de las reformas promovidas por el presidente.
REFORMA ELECTORAL
La reforma constitucional no fue y ya no será. Ya no tiene ningún sentido abordar su contenido ni sus posibilidades. Más bien, nos tenemos que concentrar en analizar la correlación de fuerzas en el congreso. Finalmente, el presidente se topó con el bloque opositor que le impidió conformar la mayoría calificada necesaria. La oposición, después de todos los avatares, consiguió cerrar filas y evitar fisuras que le dieran posibilidades a la reforma. Sobre todo, después de la marcha del 17 de noviembre en donde participó la ciudadanía. Ese bloque opositor consigue tomar fuerza, pero como veremos más adelante, todavía mantiene ciertos límites.
Conscientes de esta realidad el Gobierno Federal alistó una iniciativa de reforma a leyes secundarias y en cuestión de horas, se presentó en la cámara baja en fast track. Terminó siendo aprobada por la mayoría simple de los partidos de Morena, PT y PVEM, sin que la oposición lo pudiera impedir.
La reforma modifica una gran cantidad de artículos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). Los cambios se agrupan en tres grandes temas:
Ejercicio de los Derechos Político-Electorales: Garantizar el voto de personas en prisión preventiva, de personas con discapacidad en estado de postración. Facilita el voto de personas en el extranjero. Regula las cuotas de sectores vulnerables, equidad de género en gubernaturas y los legisladores que busquen reelegirse deberán separarse de su cargo.
Sistema Nacional Electoral: Reestructura a las autoridades electorales nacionales y locales. Desaparece la Sala Regional Especializada y el PREP. Acota la facultad de interpretación y sanción de autoridades electorales y modifica el calendario electoral.
Justicia Electoral: Reduce los medios de impugnación, rediseña los procedimientos de queja y sanciones. Establece el juicio en línea y la suplencia de la queja en todos los medios de impugnación.
La aprobación de la reforma fue presentada por el presidente como un logro que permitirá un ahorro de 3,500 millones de pesos.
La iniciativa seguirá la misma vía rápida en el Senado; sin embargo, se vienen los recursos legales por parte de la oposición y es posible que hasta del mismo INE. En el mes de abril vendrá la renovación de cuatro consejeros ciudadanos que seguramente aprovechará el presidente en algún tipo de estrategia.
Con todo lo anterior, la reforma significará una batalla que podría extenderse en el tiempo y dejar a todos insatisfechos en el comienzo del proceso electoral que inicia en septiembre de 2023. No es la mejor fórmula a las puertas de la sucesión presidencial.
LA REFORMA EN LA ÚLTIMA PARTE DEL SEXENIO
El presidente se había propuesto tres reformas constitucionales en la última parte de su gobierno: Seguridad, Energética y Electoral. Una vez presentadas han llevado al presidente y al último tercio de su administración, a una situación incómoda y seguramente con poca satisfacción.
La reforma energética también terminó siendo rechazada al no conseguir la mayoría calificada y el presidente declaró que le correspondería al próximo gobierno.
La reforma en seguridad, relacionada con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas consiguió avanzar con el respaldo de legisladores del PRI y hasta del PRD; sin embargo, existen recursos de inconstitucionalidad que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen ya algunas definiciones, pero falta ir al fondo del asunto y el tiempo sigue transcurriendo.
Ahora, con la reforma a las leyes electorales el presidente enfrentará los mismos problemas legales y, sobre todo, el rechazo de los partidos de oposición. Una situación atípica en las reformas electorales que solían ser consensuadas entre los partidos políticos.
No es el cierre de gobierno que esperaba el presidente, pero también sus expectativas fueron muy altas. El último tercio de su gobierno se debatirá en plena batalla política con sus opositores y con pendientes serios en seguridad y economía. Es muy probable que aproveche todo esto como combustible para encender las campañas electorales.
La batalla sigue, es más, se intensificará. No nos deben de asombrar las declaraciones, la confrontación, los giros y la pirotecnia, pero tendremos que ser pacientes durante los próximos meses -que se antojan largos- en la política nacional.
