Mtro. Francisco Meza Estrada · Coordinador de la Licenciatura en Derecho UNIVA León
El homicidio de la periodista Lourdes Maldonado la semana anterior, puso sobre la mesa el tema delicado de que México es el país más inseguro para ejercer el periodismo. Se trata de una problemática que no cambia ni mejora con la alternancia de los gobiernos federales; por el contrario, se aprecia una tendencia a empeorar.
El trágico acontecimiento sucedió en Baja California donde en el mes de enero, dos periodistas perdieron la vida. En todo el país se trató del tercer homicidio contra una persona dedicada a la profesión del periodismo.
REPORTEROS SIN FRONTERAS
De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México forma parte de los cinco países más peligrosos para la prensa, junto con Afganistán, Pakistán, India y Yemen.
Además, por tercer año consecutivo repite como el más peligroso, debido principalmente a que los periodistas locales corren el riesgo de ser molestados por temas relacionados con el crimen organizado o incómodos para ciertos sectores.
Esta misma organización informa que en los últimos 5 años, México y Afganistán acaparan la mayor cantidad de periodistas asesinados: cuarenta y siete, cada uno de ellos. Junto con otros ocho países concentran las tres cuartas partes de los periodistas asesinados en todo el mundo.
También en el apartado de periodistas desaparecidos, nuestro país adquiere relevancia. En el 2021 se tienen dos periodistas desaparecidos en el estado de Sonora y no existen avances importantes por parte de las autoridades locales y federales.
EL DEBATE DE LOS SEXENIOS
Luego vino el debate y la comparativa sobre los homicidios a periodistas por sexenio.
Naturalmente, este ejercicio se presta al golpeteo político que en la actualidad se ha intensificado; sin embargo, también nos permite observar si existen cambios significativos en cada uno de los sexenios para tratar de comprender el problema.
Se dieron diferentes datos sobre el número de homicidios. La organización Artículo 19 señaló que se trataba de 28 periodistas asesinados; mientras que, en el mismo periodo de tiempo en el de Enrique Peña Nieto ocurrieron 17, en el de Felipe Calderón 25 y en el de Vicente Fox 6.
Reporteros Sin Fronteras informó que serían 26, para la Revista Etcétera se tratarían de 54 y para el periodista Témoris Grecko va igual que en el sexenio anterior. Existieron diferentes aclaraciones en las redes sociales, pero la conclusión más común fue que el presente sexenio marca una tendencia a superar a los anteriores, en cuanto al número de periodistas asesinados.
Más aún, la declaración del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas es todavía más contundente: “De los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia, y tenemos un porcentaje de más del 90% de impunidad”.
Seguramente las cifras de los periodistas asesinados se irán aclarando y precisando con el paso del tiempo, pero quedará en evidencia que el problema no disminuye con los gobiernos de diferente color en México. En otras palabras, es un problema que va más allá de la orientación política de los gobernantes en turno.
UNA DEUDA MÁS
Con todo lo anterior, no se puede negar que el Estado mexicano tiene un pendiente más con los periodistas para garantizar su seguridad y la libertad de prensa, como una condición de toda democracia.
En particular, con los periodistas locales que ofrecen información valiosa sobre la situación social y política en sus zonas de origen. Este pendiente es doble porque primero se refiere a la prevención en donde hay mucho por hacer y en la lucha contra impunidad en los casos en los que no se ha logrado impartir justicia.
Aunque los periodistas en distintas ciudades comienzan a movilizarse para exigirle al Estado es importante que la sociedad los pueda respaldar en sus demandas porque cumplen con una función indispensable.
La situación es crítica en nuestro país considerando la cantidad de decesos, su tendencia y porque va más allá de la orientación política de los gobernantes. El reconocimiento y políticas extraordinarias nos hablarían de sensibilidad y atención a la problemática, menos no se puede pedir.
