Dra. Lucía Almaraz Cázarez · Experta en derecho, seguridad pública y control de la corrupción. Analista política y docente de Ciencias Sociales y Humanidades, UNIVA campus Guadalajara.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, próximo a conmemorarse el 8 de marzo, es importante visibilizar los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, una de ellas poco explorada es la violencia obstétrica, que es una forma especifica de violencia contra la mujer y personas con capacidad de gestar, que constituye una vulneración a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, el parto o, incluso, después del parto, esto se puede ver reflejado en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, abuso de la medicación, prácticas invasivas, cesáreas cuando se practican sin justificación, esterilización no consentida o forzada, el retraso de la atención medica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos del parto, así como actos de discriminación, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, tres de cada diez mujeres que tuvieron un parto en los últimos cinco años en nuestro país sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico. Las entidades federativas donde es mayor el porcentaje de mujeres que han reportado haber vivido maltrato en la atención obstétrica, se ubican San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que los menores índices se registraron en Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.
Los datos reflejados en la encuesta son alarmantes porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y perpetuada desde las propias instituciones de salud pública, sin que las autoridades tomen medidas para atenderla y erradicarla. En algunos estados como Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz se ha tipificado como un delito la violencia obstétrica, en el caso de Jalisco se encuentra una iniciativa para integrar esta violencia al código penal del estado así como reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, a la fecha se encuentra en análisis de la comisión puntos constitucionales, un rubro en el que Jalisco va atrasado con relación a otros estados y que al parecer no existe la voluntad política de impulsar el tema no solo en la parte reglamentación, sino en la ausencia de políticas públicas ante este tipo de violencia.
