Dra. Angélica Guerra Flores · Docente-Investigadora UNIVA León
Si bien es cierto que la cultura sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes se ha hecho presente en nuestra sociedad, ésta no ha permeado lo suficiente en el ámbito jurídico en México, pues se sigue contextualizando dentro del derecho familiar, aun y cuando su naturaleza requiere necesariamente, que se ubique como una ciencia jurídica con un objeto y método propios, que permita ubicarla en el universo jurídico como Derecho de la niñez y la adolescencia.
En efecto, pues aun y cuando se cuenta con instrumentos internacionales y algunos nacionales, que se derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como con organismos como la UNICEF (1946), se destaca que, desde que México ratificó la convención, en el año 1990, no se han desplegado de manera suficiente acciones eficaces para establecer un sistema adecuado de protección de la infancia y la adolescencia.
De ahí que, a partir de lo establecido por el artículo 4.O de nuestra Constitución Federal, el principio del interés superior de la niñez debe materializarse en una ciencia que, teniendo como objeto de estudio a la niñez y a la adolescencia, instrumente la diversa normatividad que permita garantizar sus derechos y satisfacer sus necesidades en todos los ámbitos, para su desarrollo integral.
Lo anterior implica, como consecuencia, que el derecho de la niñez y la adolescencia, se erija de manera autónoma a las demás ciencias jurídicas, pero manteniendo la interrelación con el entorno normativo y destacando la sustancial naturaleza, en torno a su interés superior, así como los principios, instituciones, figuras y escenarios procesales que lo conforman.
