Mtro. Francisco Meza Estrada · Coordinador de la Licenciatura en Derecho UNIVA León
En un hecho poco antes visto o nunca visto, el exconsejero jurídico de la presidencia: Julio Scherer Ibarra, hizo pública su posición respecto a los problemas que enfrenta con la presidenta del senado: Olga Sánchez Cordero y el fiscal general: Alejandro Gertz Manero; provocando una implosión política en el gobierno del presidente López Obrador que podría tener serias repercusiones.
Sobre lo anterior, habrá que revisar en un previo análisis la relevancia que guarda para el país y para el propio gobierno del presidente Andrés Manuel, lo que podemos esperar en el corto plazo y las posibles consecuencias.
LA RELEVANCIA
La trama que estamos observando no es un pleito entre particulares, sino un conflicto en el círculo cercano del presidente y al nivel más alto de funcionarios en el ámbito político y de justicia de nuestro país, en donde se acusan de llevar a cabo acciones ilegales a través de instituciones públicas.
Se trata del fiscal general que es la autoridad más importante en nuestro país en la procuración de justicia. De la que fue secretaria de gobernación, que es la posición más relevante en materia política en el país y ahora se desempeña como presidenta de la mesa directiva de cámara de senadores. Y del que fuera el consejero jurídico de la presidencia, que a juzgar por su declaración tenía una capacidad de influencia muy importante.
Tal es la relevancia de estos señalamientos que superó en atención mediática a la inauguración del nuevo aeropuerto AIFA el día lunes.
Por esa razón, son incomprensibles las palabras del presidente López Obrador al señalar que no tendría declaraciones al respecto porque es un asunto que deberán resolver los tribunales, cuando es un problema que se dio en las entrañas de su gobierno y debió evitar que llegara a estas alturas.
El problema es de la mayor importancia para su gobierno porque los señalamientos graves no provienen de sus críticos ni de sus opositores, sino del interior de su gobierno en aspectos claves como: justicia y el combate a la corrupción.
Esa misma es la relevancia que guarda para nuestro país, pues si los temas tan sensibles de justicia son tratados así por estos altos funcionarios, pues entendemos por qué las cosas están tan mal en México.
LO QUE VIENE EN EL CORTO PLAZO
En este momento, es pública la versión de Julio Scherer Ibarra y sobre esa versión los medios y analistas profundizarán sobre la situación. No es posible asegurar que puedan aparecer las posiciones de Sánchez Cordero y Gertz Manero porque están en desarrollo varios procesos.
Determinante serán las decisiones del poder judicial que tiene por resolver varios casos en los que aparecen involucrados los personajes señalados, como lo son: el caso Cuevas Morán, el caso de Juan Collado, el caso Díez Gargari y el caso de los abogados, Araujo Rivapalacio, González Hernández, Pérez Rodríguez y Gómez Arnau.
El propio presidente podría intervenir y darle un giro a la situación; sin embargo, esta posibilidad es remota considerando que no lo hizo antes. Más bien, es más probable que intente marginar el problema y llevar otros temas a un primer plano.
El resto de la clase política comenzará hacer presión por diferentes medios para que el asunto se esclarezca, lo que provocará que el tema se mantenga en la agenda pública por largo tiempo; además de que no van a desaparecer los cuestionamientos al fiscal general tan fácilmente.
LAS REPERCUSIONES
Independientemente del desarrollo que tenga la situación en los próximos días y semanas, una de las principales repercusiones es el desgaste que ha tenido el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en el contexto de ser el primer fiscal autónomo y los compromisos del presidente que tenía en este tema. Si el problema sigue escalando, podría venir la renuncia del fiscal y con ello, el costo político al presidente.
El propio presidente no saldrá bien librado de esta trama porque en algunos momentos ha sido señalado hasta como testigo y sobre todo, porque se dieron los hechos en su círculo más cercano de colaboradores y aunque el fiscal es autónomo, contaba con toda su confianza. En eso hay toda una historia por contar sobre lo que sucedió y que el presidente no pudo contener, ordenar o canalizar.
Naturalmente, existe una repercusión importante para todos los mexicanos, pues los temas prioritarios de justicia no se resuelven y estos problemas de disputa entre funcionarios de alto nivel terminan acaparando la atención pública y los recursos de las principales instituciones. No es cualquier cosa para quien aspira a pasar a la historia política de este país.
