Xóchilt Sánchez Bonilla – Maestra en Licenciatura en comercio y negocios internacionales
El artículo 32, fracción IV, de nuestra Constitución estipula la obligación de contribuir al gasto público; es decir, de pagar impuestos. Para que ello suceda, cada persona en edad económicamente activa debería estar registrada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de modo que la autoridad pueda identificar las actividades que realiza, sus ingresos y sus deducciones. De esta forma, a través de la facturación, puede controlar y estimar los impuestos que habrá de recaudar de cada contribuyente.
Este padrón representa aproximadamente el 40 % del total de las personas económicamente activas, por lo que el resto se encuentra en la informalidad. Pero ¿qué es la informalidad? ¿Y cuáles son sus impactos en la sociedad? Para el fisco, representa ingresos que no puede recaudar y que se traducen en una limitación para llevar a cabo acciones en favor de la sociedad y promover un desarrollo económico y social real, basado en la productividad. Para el 40 % de los contribuyentes que sí pagamos impuestos, representa una carga adicional, pues son únicamente quienes contribuyen los que sostienen al país, mientras que los demás no colaboran.
Ese 60 % de la población económicamente activa que labora por su cuenta en la informalidad pertenece a un sector que vive de los ingresos del día a día, que no cuenta con seguridad social, que no tendrá acceso a una pensión o jubilación y que difícilmente podrá acceder a la adquisición de una vivienda. Es decir, elige un camino de libre decisión, pero sin garantías futuras y, desde luego, sin contribuir al gasto público.
El civismo fiscal es importante porque permite cumplir con los principios de equidad e igualdad. Quienes pagamos impuestos tenemos derechos adquiridos por actuar como ciudadanos responsables; sin embargo, quienes no colaboran también acceden a derechos y beneficios, como votar por quienes gobiernan, recibir apoyos económicos financiados por los contribuyentes, acceder a servicios públicos y disfrutar de diversos beneficios que son sostenidos por quienes sí contribuyen. Esta situación genera percepciones de inequidad entre los ciudadanos.
A pesar de los esfuerzos realizados para ampliar la base de contribuyentes mediante distintas estrategias gubernamentales, persiste un rechazo generalizado al pago de impuestos. Algunos consideran que las tasas impositivas son elevadas, mientras que otros prefieren mantenerse en la informalidad. El resultado sigue siendo una recaudación insuficiente y una creciente presión sobre quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
También cabe señalar que quienes están mejor informados suelen considerar que se gasta demasiado y que, en ocasiones, los recursos públicos no se utilizan de la mejor manera. Siempre existirán necesidades y prioridades; sin embargo, los recursos destinados a obras emblemáticas que responden más a aspiraciones políticas que a necesidades urgentes podrían orientarse a proyectos con un impacto más tangible para la población. De esta manera, los ciudadanos podrían constatar de forma más clara y fehaciente el adecuado uso de los recursos públicos.
La invitación, por tanto, es a reflexionar sobre este tema y a colaborar, cada uno desde su responsabilidad, para construir un país más justo, con mejores oportunidades y con una sociedad más comprometida con el bienestar común.
