Dra. Lucía Almaraz Cázares · Docente UNIVA Guadalajara
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad “es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, tanto actitudinales como ambientales, que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones”.
Entre las diferentes discapacidades se encuentran la motriz, visual, del habla, auditiva, múltiple, intelectual y mental. Este tema es crucial, ya que, en 2023, las personas que viven con alguna discapacidad representaban aproximadamente el 16 % de la población mundial. Este grupo es uno de los más marginados, discriminados y excluidos, lo que limita sus oportunidades de desarrollo en la sociedad y, en consecuencia, vulnera sus derechos sociales y humanos.
En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se estimó que el 6.8 % de la población, es decir, 8.9 millones de personas, reportó tener alguna discapacidad. De este total, el 46.6 % eran hombres y el 53.4 % mujeres.
La situación de discriminación se evidencia en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, que señala que uno de los principales problemas que enfrenta la población con discapacidad es la falta de oportunidades laborales. Un 15.8 % de los encuestados indicó que no podía encontrar empleo, lo que agrava la desigualdad en sus ingresos. Además, el 31.9 % del grupo considera que la falta de instalaciones adecuadas y el transporte inadecuado son los mayores obstáculos que enfrentan.
Es fundamental comprender que la discapacidad es parte integral de la condición y experiencia humanas. En este sentido, los gobiernos deben intervenir para erradicar los problemas que viven las personas con discapacidad, contrarrestar sus efectos y contribuir a su bienestar. Una de las principales herramientas a su disposición para implementar estrategias efectivas que reduzcan la brecha de desigualdad es el gasto público, que puede utilizarse para ofrecer apoyos sociales, promover y atender la discapacidad, crear infraestructura adecuada para facilitar la movilidad, así como proporcionar atención médica, entre otras acciones.
