Jairo Jair G. Fernández · Estudiante de la Licenciatura en Derecho, UNIVA León
Jean Jacques Rousseau, mencionaba como un principio que: para vivir en una sociedad más justa, el ser humano tiene que vivir en el estado natural, no corromperse, ya que, según Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es quien lo corrompe.
Bajo este orden de ideas, el hombre moderno y el Estado tienen un contrato social -pactado, pero no firmado- hablando en términos del Derecho Fiscal, y por medio del cual, el Estado ejerce su política tributaria para la recaudación de ingresos y financiamiento de sus arcas (públicas, por cierto) todo esto con fundamento en el Art. 31, fracción IV de la (últimamente tan maltratada) CPEUM, artículo en el cual se encasilla la política fiscal de nuestro país; y que, según el contrato mencionado anteriormente, estas contribuciones, serán devueltas al individuo en forma de bienes públicos, llámense: seguridad, educación, infraestructura, servicios médicos, entre otros.
Pero, ¿considera usted que el Estado está cumpliendo con este contrato social en el cual, los ciudadanos cumplen con su obligación como mexicanos de contribuir al gasto público por medio del pago de impuestos estatales y federales, devolviendo esos impuestos en forma de bienes públicos?, ¿considera que la dureza que está ejerciendo el Estado actualmente en su política tributaria mexicana es acorde, tomando en cuenta el comentario anterior, y si es que ese contrato social entre Sociedad-Estado, se está llevando a cabo de manera equitativa?
Quizá en el México contemporáneo, el principio de Rousseau tiene una variación en relación con que quién en realidad corrompe realmente al individuo no es la sociedad, sino el Estado, pero si es así, ¿entonces quien corrompe al Estado?, ¿será el individuo?, ¿será este el verdadero contrato social?
