
Cecilia Quetzalli Hernández Sánchez · Estudiante de la Licenciatura en Derecho, UNIVA Guadalajara
Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Benito Juárez
El orden jurídico es el conjunto de leyes, normas y reglamentos plasmados en documentos, que regulan la convivencia de una determinada sociedad en un determinado momento, y tienen como objetivo principal mantener una estabilidad social donde cada integrante de la misma pueda desarrollarse digna y pacíficamente. El presente ensayo consiste en un análisis del concepto de paz y su papel como garantía de la existencia de un ordenamiento jurídico, el cual también será analizado a partir de su evolución y su concepción actual. Además, se evaluará la importancia de la cultura de la legalidad como aliada clave para la presencia de la paz en la sociedad. Como metodología se utilizará la consideración de definiciones planteadas por autores expertos en el tema, así como un análisis histórico respecto al orden jurídico.
Se podría pensar que el siglo XXI es el siglo del desarrollo, de la evolución, de los avances tecnológicos y de las victorias sociales, y esto sobre todo cuando se compara con otros tiempos que podrían resultar más “obscuros” por diversas razones, como el que las mujeres no pudieran votar, que las personas de color fueran discriminadas, que el odio hacia un grupo social concluyera en genocidio o por ejemplo que hasta apenas en el siglo pasado existiera una conexión formal entre las naciones con la creación de la ONU en 1945. Si bien no se puede negar que esas situaciones fueron modificadas en beneficio de la humanidad a través de luchas sociales y colaboración que sin duda representan momentos históricos en nuestra historia, ¿realmente podemos decir que después de haber pasado la humanidad por eso, después de un arduo trabajo normativo tanto a nivel nacional como internacional, se ha garantizado la paz en el mundo?, probablemente la respuesta sea que no, porque si bien la normatividad y la organización social evolucionaron, también lo hicieron la violencia, la guerra, el desorden y la profunda desigualdad visible con mayor crudeza durante la pandemia, y que también constituye una forma de violencia. Si bien se plasmó en papel la formula para lograr la paz, las personas no hemos fomentado los principios de la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, el respeto y la no discriminación, en suma, no hemos aprendido a vivir en paz.
La paz en los tiempos modernos
Contrario a como la definen diversos diccionarios, la paz no solo debe ser considerada como la ausencia de guerra, sino que resulta importante entenderla, también, contraria a un concepto más cotidiano que es el de “conflicto”. Así es como lo percibe el jurista Fredrik S. Heffermehl (2003), quien además de conceptualizar la paz como la ausencia tanto de guerra como de conflicto, se refiere a ésta como un concepto dinámico que necesita ser aprehendido en términos positivos, como lo son la presencia de justicia y armonía sociales, la posibilidad para los seres humanos de realizar plenamente sus potencialidades y el respeto a su derecho a vivir con dignidad a lo largo de su vida.
También, en concordancia con Virgina Arango, debemos considerar que la paz es un valor universal, anhelado y necesario en el mundo que no se ha cristalizado debido, como se mencionó en líneas anteriores, a las constantes amenazas producto de la violencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que se da en todos los ámbitos, en los Estados, en conflictos armados, en actos terroristas, en los hogares; por el armamentismo y las armas nucleares, por el antagonismo entre los Estados, por las divisiones ideológicas y religiosas, por la injusticia, la represión, la explotación económica y en general, por el menosprecio de la dignidad de las personas. En resumen, la paz no ha encontrado su camino por la falta de tolerancia entre personas, grupos sociales y países.
Tomando en cuenta lo anterior, se podría llegar a la conclusión de que, al no cumplir nuestra sociedad con un escenario de justicia y armonía, donde las personas puedan vivir en plenitud y en la que se les respeten sus derechos, entonces no vivimos en una sociedad pacífica, a pesar, incluso, de que existe alrededor del mundo un orden jurídico que sobre todo en los últimos años se ha redactado sobre la base de la globalización y los derechos humanos.
El ingrediente que nos falta para vivir en paz: cultura de la legalidad
La cultura de la legalidad es una estrategia contra la violencia y contra la corrupción que tiene como objetivo, generar un cambio cultural que se manifieste en el rechazo social abierto a este tipo de conductas. Esto implica que se eduque a la población para que opte por conductas probas y por la resolución pacífica de los conflictos (Mahecha, E., 2014).
Ahora bien, la metodología para vivir la cultura de la legalidad consiste en que todas las personas se comprometan a colaborar para mantener un Estado de Derecho, el cual según el secretario general de la ONU (2004), es un “principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Aunado a lo anterior, la cultura de la legalidad también prevé el rechazo a la ilegalidad, lo cual se complica cuando se tiene la costumbre de por una u otra razón justificarla en vez de rechazarla, ya sea por un beneficio personal, una “causa noble”, falta de conocimiento, etc. Aunado a lo anterior, la cultura de la legalidad también constituye el tener presente el principio que Benito Juárez preveía en una de sus máximas más conocida, que explicado de otra manera se puede entender como el que mi derecho termina donde empieza el de alguien más, por lo tanto, nada justifica el actuar en contra de una norma cuando ésta es justa y cuando ésta vela por el respeto de los derechos humanos.
Donde exista una cultura de la legalidad que regule de forma justa, armónica y fraterna la convivencia entre las personas, existirá entonces la paz, y la paz es la primera garantía que debe otorgar una sociedad democrática para que exista un orden jurídico sólido, confiable y profundamente solidario.
Evolución del orden jurídico
El orden jurídico es un conjunto de leyes, normas y reglamentos que regulan la convivencia dentro de una sociedad y buscan mantener su estabilidad. Dentro de los países existe un orden jurídico que, en la mayoría de los casos, existe en concordancia con el orden jurídico internacional, el cual tomo un papel protagónico a partir de los sucesos trágicos de la segunda guerra mundial. A partir de entonces y al haber presenciado horrores sin precedentes, los líderes mundiales se organizaron para crear un marco jurídico que impidiera que sucesos como los vividos entonces se volvieran a repetir y que permitiera al mundo vivir en paz. Y si bien en un principio evidentemente podríamos concluir que afortunadamente no se han suscitado hechos tan catastróficos nuevamente, no podemos asegurar que se ha garantizado la paz en todos los rincones del planeta, mejor dicho, en ninguno.
Ahora entonces vivimos en sociedades que se han hecho de grandes listas de leyes, normas y reglamentos que por un lado solo funcionan como fundamentos aplicables a casos concretos, en los cuales sobre todo las y los profesionales del derecho se han dedicado o a seguirlos al pie de la letra o a interpretarlos de modo que les genere un beneficio propio a través de la “ayuda” al cliente, sin tomar en cuenta el perjuicio que se le ocasiona a la parte contraria, es decir resuelven casos jurídicos, pero no conflictos y, por el otro lado, como herramientas de justificación de actos de las autoridades quienes actúan sin considerar los contextos que están siempre en constante cambio. Esto nos lleva a la conclusión de que, si bien los ordenamientos jurídicos se materializan en documentos, no se materializan en la sociedad y por lo tanto no cumplen con su objetivo principal que es precisamente, mantener el orden.
Conclusiones
La paz solo es posible en comunidades donde se respeta el orden jurídico establecido, es decir, donde exista una cultura de la legalidad, ya que así se generan altos niveles de toma de conciencia, lo cual resulta en comunidades pacíficas.
La paz genera cultura de la legalidad, una cultura de la legalidad fortalece la paz, es decir, se alimentan mutuamente. Efectivamente para que un orden jurídico cumpla con su cometido solo es posible en condiciones de convivencia pacífica, porque la propia doctrina lo establece, cuando hay una guerra, se generan los estados de excepción y viene el caos, y por otra parte una sociedad pacífica fomenta relaciones solidarias y de respeto por las normas jurídicas, de tal manera que la paz garantiza el orden jurídico y a su vez este también se vuelve en una garantía para la paz social, de ahí la importancia de que los órdenes jurídicos funcionen adecuadamente bajo la perspectiva de la justicia, como paso fundamental para la paz.
Referencias
- De Vera, F. H. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. Cuadernos de estrategia, (183), 119-146.
- Durling, V. A. (2007). Paz social y cultura de paz. Ediciones Panamá Viejo. Heffermehl, Fredrik S. (2003). Construir la paz. Editorial Icaria, 39.
- Mahecha, E (2014). Educación y cultura de la legalidad. Justicia Juris, 10(2), 36-43
- Secretario General de la ONU. (2004). Informe Anual. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. S/2004/616. Disponible en: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/secretary-generals-reports- submitted-security-council-2004