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La movilización social como factor social de cambio en Chile

Daniel Hurtado Yépiz • Coordinación de Movilidad Académica

 

¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué el país está experimentando una movilización social que pareció surgir de la nada? Y después de las nuevas políticas sociales planteadas por el presidente Sebastián Piñera, ¿por qué la población sigue en las calles? Cuando se habla de Chile, en relación con otros países de América Latina, se habla de uno de los países más prósperos y dinámicos de la región. Chile, con una posición de 44 en el Índice de Desarrollo Humano del 2018, es el país más desarrollado de América Latina y el tercero del continente americano. Solo Argentina, las Bahamas y Uruguay se le acercan en las posiciones 47, 54 y 55 respectivamente. Este índice se basa en tres indicadores que terminan fusionándose para fungir como herramienta de comparación de todos los países de los que se han obtenido datos: esperanza de vida al nacer, años esperados de escolaridad y años totales de escolaridad, y producto interno bruto per cápita. Siendo uno de los países más desarrollados del mundo, y con estos positivos indicadores, pareciera que los chilenos pertenecen a la población privilegiada del planeta.

Pero, esta realidad, ¿es la de todos los chilenos? Para dar respuesta a las preguntas iniciales del presente artículo, es necesario mencionar aquellos factores que provocaron los sucesos ocurridos en las últimas semanas en el país del Cono Sur. En primer lugar, la población chilena venía sufriendo una serie de alzas en los precios de servicios básicos desde el año pasado. En abril de 2018, los costos del denominado TAG (cobro de tránsito de autopistas urbanas) tuvo un aumento del 6.4%. Sólo un mes después, los costos de la luz sufrieron un aumento del 10.5%. De la misma manera, las ISAPRES (aseguradoras privadas para servicios de salud) aplicaron un aumento del 50% en septiembre, mientras que en octubre del mismo año la luz volvió a aumentar en un 9.2%. Además, es importante mencionar el aumento en el desempleo en el país el cual llega a una cifra del 7%, así como los altos precios de la vivienda, lo que supone un terrible endeudamiento de las familias chilenas.

El aumento a los precios del pasaje del metro en la ciudad de Santiago fue la gota que derramó el vaso, un vaso al que el gobierno le había estado depositando gota tras gota de manera continua. Según el Dr. Sergio Rojas, académico de la Universidad de Chile, “no se trata simplemente de que el orden social explotó, sino que de aquel territorio ajeno, en el que el orden social está hace décadas en situación de catástrofe, ha ingresado en los escenarios civilizados del país”. Con esto, el filósofo de la UChile se refiere a que la reciente movilización de la población chilena venía originándose desde la perspectiva del orden del capital financiero globalizado. Inclusive, para el académico Jaime Bassa Mercado, profesor e investigador de la Universidad de Valparaíso, la exacerbada concentración del poder provocada por la Constitución de corte neoliberal es el origen del malestar que hoy se puede apreciar en el país.

El pasado 18 de noviembre se cumplió un mes desde que los chilenos tomaron las calles de Santiago y, posteriormente, las provincias de Chile, para manifestar su descontento hacia las condiciones de desigualdad económica que no permiten que toda la población pueda acceder a la estabilidad de la que disfrutan sólo unos pocos. Las reacciones de las élites políticas y económicas se manifestaron de diferentes maneras, por lo que resulta pertinente abordar las consecuencias que hasta ahora han desembocado en esta movilización que no es única en Latinoamérica. Como parte de las reacciones del gobierno chileno, el presidente Sebastián Piñera anunció la implementación de una serie de medidas sociales a cuatro días después de las acaudaladas manifestaciones: aumento de un 20% de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario, aumento del “ingreso mínimo garantizado”, medidas para reducir los costos de medicamentos y de la electricidad, un incremento en los impuestos a sectores de mayores ingresos, entre otras medidas.

De la misma manera, el sector privado también reaccionó a esta movilización social. La empresa financiera Tanner anunció que “el ingreso mínimo será de 602,000” pesos chilenos, un equivalente a cerca de 15 mil pesos mexicanos mensuales. El empresario Andrónico Luksic, dueño de empresas como el Banco de Chile y Enex, anunció en Twitter: “A partir del 1 de enero de 2020 ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de 500,000. No son muchos en esa realidad, pero desde enero no será ninguno”. Además, otros actores del sector privado anunciaron el establecimiento de diálogos con sus trabajadores para establecer mejores condiciones laborales, buscando tratar temas como el endeudamiento de las familias chilenas, salarios y pérdidas materiales y de transporte. A nivel internacional también han surgido actores que han expresado su interés en la presente situación del país austral. La Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciaron el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, en referencia también al “Estado de excepción” proclamado por Sebastián Piñera. Según el investigador del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat, Gonzalo Álvarez Fuentes, estas declaraciones representan un daño en la imagen internacional de Chile, provocada por la falta de visión del gobierno chileno.

Sin embargo, a pesar de las concesiones del gobierno chileno, para la mayoría de los chilenos estos cambios no son suficientes, ¿por qué? Porque no se está resolviendo el problema central que ha provocado la desigualdad económica en el país: la Constitución de 1980. El pasado 10 de noviembre, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, anunció que Chile comenzará un proceso de convocatoria dentro del Congreso Constituyente para la generación de una nueva Constitución. Según Jaime Bassa, esta nueva Carta Magna deberá aglutinar a diferentes sectores de la población y garantizar la efectiva participación ciudadana en la formulación de sus contenidos. Bassa afirma que para este fin, una Asamblea Constituyente es el único medio para lograr una Constitución legítima y que signifique una efectiva distribución social del poder político, un objetivo que la misma Michelle Bachelet intentó pero no pudo lograr en su segundo mandato.

Estas consecuencias, que han alcanzado los niveles nacional, regional e internacional, y que aglutinan al sector privado, al sector público y a la academia, reflejan el alto impacto de unas políticas públicas excluyentes, así como, el hartazgo del pueblo chileno, desde las calles centrales de Santiago hasta las costas sureñas de Puerto Montt. Desde una óptica teórica, resultaría interesante someter a esta reciente movilización social, que a pesar de llevar muy poco, ya ha generado resultados y se prevé que genere aún más consecuencias, a un instrumento de medición de impacto. La Escalera de la Participación Ciudadana es una teoría formulada por la autora Sherry R. Arnstein en la década de los 60’s, que consiste en una escala que mide los niveles de participación ciudadana dividida en 8 escalones que, a su vez, se encuentran divididos en 3 niveles de impacto: 1) No participación, 2) Participación simbólica y 3) Poder ciudadano:

Al ritmo al que va la sociedad chilena hasta el momento en la demanda de mejores condiciones de vida, sus esfuerzos equivaldrían al escalón de Aplacamiento, debido a que el gobierno chileno ya ha manifestado que las exigencias de la población tienen una solidez y argumentaciones válidas, sin embargo, no han logrado sentarse en una mesa de diálogo para poder discutir de la temática actual y plantear un plan de trabajo al respecto.

Por último, y a manera de reflexión sobre el futuro de Chile y de América Latina, es importante mencionar que después de que el presidente Piñera haya anunciado el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, y retomando la elaboración de una nueva Carta Magna para Chile, los posibles y próximos escenarios para el país latinoamericano podrían ser prácticamente dos: 1. Un Chile con una nueva Carta Magna y sin Piñera, o 2. Un Chile con una nueva Carta Magna y con Piñera. Según Oscar Juárez Mora, egresado de Ciencias Políticas por el ITESO, la opción 1 es la más factible a suceder a finales del año en curso o a inicios del próximo año, debido a las órdenes del presidente respecto al uso de la fuerza, el estado de excepción y a los recientes casos de personas baleadas en los ojos con balas de goma. No obstante, según la opinión de Gabriel Reyes Bastías, egresado en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Sebastián Piñera seguirá a la cabeza del Poder Ejecutivo debido a que es ahora el Poder Legislativo de quien dependerá el proceso para la formulación de una nueva Constitución.

Además, según Oscar Juárez, la situación en Chile representa una punta de lanza para que otros países de América Latina comiencen a buscar nuevos esquemas económicos además del neoliberalismo puro. La sociedad chilena ya se dio cuenta de que el actual modelo económico tiene como una de sus características el incremento en la brecha entre ricos y pobres, por lo tanto, es necesario reformar todos aquellos aspectos que permiten este modelo económico que tanto ha hartado a la población, incluyendo la máxima representación de legalidad en una república: la Constitución.

 

Referencias:

 

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