Pbro. Lic. Armando González Escoto • Director de Publicaciones del Sistema UNIVA
El pasado primero de agosto tuvo lugar la consulta ciudadana. Se trata de un paso de enorme importancia que nos puede hacer transitar de una democracia excesivamente representativa, a una democracia más participativa. En esta edición, se ha debido mover toda la maquinaria establecida del INE, pero debemos pugnar para que existan otros mecanismos menos costosos y más prácticos para favorecer estas consultas, por ejemplo, a la hora de generarse nuevas leyes o reformas a las existentes, pues hasta el momento los legisladores se manejan siempre por la libre, y de pronto la ciudadanía se topa con leyes que ni pidió, ni sobre las cuales fue informada.
Lamentablemente quien falló en esta consulta fue precisamente la comunidad, lo cual puede explicarse por varias razones. No se logró crear la suficiente conciencia acerca de la importancia de este ejercicio, pesa enormemente el lastre de dos siglos de democracia simulada y fracasada que ha generado apatía y desánimo, pero también es probable que la baja participación se deba a lo insólito de la consulta, a propósito de si se debe o no enjuiciar el ejercicio de los funcionarios públicos.
En ninguna sociedad que aspire a progresar por vía de la democracia, el ejercicio de la justicia puede estar sometido a la opinión popular, eso desautorizaría el llamado estado de derecho, pues la justicia, al igual que la verdad, no se definen por mayoría de votos. Lo que urge hacer en este país es cerciorarse de que tenemos las leyes adecuadas para que todo funcionario público dé cuentas claras de su gestión, normas concretas que castiguen las infracciones, y una entidad neutral que se encargue de aplicarlas, esto debe incluir poner fin a la prescripción de cualquier delito que tenga que ver con la función pública, así como se ha empezado a trabajar por la abolición de los fueros, eso sí sería adelanto.
De cualquier modo, la mayoría de los participantes votó por el sí, y con ello expresó lo que es sin duda, el sentir de la enorme mayoría de los ciudadanos, pero ¿qué pasaría si la mayoría hubiese optado por votar el no? En acato al voto popular ¿se optaría por la impunidad?, ¿no es precisamente la impunidad una de las mayores lacras que vivimos y lo que ha permitido que el sistema político que tenemos se siga perpetuando sin que pase absolutamente nada?
Afortunadamente, de momento, triunfó el sentido común de los votantes, y su decisión, aunque no vinculante, fue por el sí. Pero resulta que los votantes apenas si rebasaron los siete millones, entonces ¿seguirá su marcha triunfal la prepotencia de los gobernantes, muy seguros de que la sociedad seguirá sin pedirles cuentas al término de su gestión o durante ella, si hace falta? Naciones latinoamericanas con menos recursos que la nuestra, pero con más educación política, han logrado notables metas en esta lucha.
Dejando aparte el tema específico de la consulta, es un hecho que este recurso como tal es un instrumento que debe seguirse perfeccionando en su forma y en su fondo, y que todas las instituciones, públicas y privadas, incluidas las familias, deben trabajar intensamente por tomar conciencia de lo que significa vivir y hacer vida un sistema democrático.
Publicado en El Informador del domingo 8 de agosto de 2021
