Estamos en un barranco profundo, cercados por elevados muros rocosos de difícil ascenso, y en aguas empantanadas, y todo mundo quiere salir por su cuenta, ensayando todo tipo de medios, sin advertir que el escape supone un trabajo de conjunto, integral y coordinado.
Las autoridades están enfrentando a la delincuencia organizada desde marcos legales anticuados que ya no corresponden a las nuevas circunstancias, esos marcos legales requieren de una adecuada actualización en todos los aspectos.
Las policías municipales no fueron diseñadas para enfrentar a organizaciones delincuenciales que se manejan con las reglas de la guerra, o de la guerra de guerrillas. Nuestros policías están preparados para poner orden entre vecinos, atrapar rateros comunes, apaciguar pleitos callejeros, detener borrachines y hacer rondines por barrios y colonias.
Pero pareciera que ni el ejército ni la guardia nacional están capacitados para retomar el control del país, tenemos ejemplos muy evidentes: Sinaloa, Jalisco, Veracruz … y el resto del país, con la clave: si están en paz, señal que ya pactaron. Sinaloa lleva ya cinco meses en guerra, y los partes que conocemos no le van dando el gane al estado, por el contrario, demuestran que el estado no puede. En Jalisco sólo están en paz los municipios que han aceptado ejercer el poder en condominio con los delincuentes, o ahí donde los cárteles no están en choque, de lo contrario, todo es Teocaltiche, municipio ocupado por todas las fuerzas federales y estatales, lo cual no ha impedido el que cinco funcionarios hayan sido asesinados en lo que va del año, textualmente, en sus narices, y que la sufrida y dolida autoridad se contente con decir que ya capturaron al autor material, sin que eso modifique el estatus, ya que “autores materiales” brotan diez por cada uno que capturan.
Legislar en contra de los grupos musicales que hacen apología del delito no es un despropósito, pero tampoco remedia nada, a menos que eso fuera parte de un conjunto completo de medidas razonadas y asumidas por toda
la sociedad, pero son precisamente esas medidas de conjunto las que no tenemos.
Actualizar las leyes y las penas es una urgencia, y tendría sentido si en México se aplicaran las leyes, pero viviendo como vivimos bajo el imperio de la impunidad, todo acaba siendo “echarse la bolita” entre los Tres Poderes y los tres niveles de gobierno. El mismo juicio vale en lo relativo a la elección de jueces, si por un lado es un acierto y un progreso de la democracia, por otro nos queda la impresión de que unos jueces corruptos elegidos y protegidos por el estado serán sustituidos ahora por otros de igual talante, pero “elegidos” por la sociedad, pero que seguirán protegidos por el estado. Yo hasta ahora no he visto actuarios sancionados por levantar mal un acta, ni reformas a los procesos que remedien este recurso mañoso del cual los jueces se valen para seguir soltando delincuentes de la peor ralea.
No ignoramos que la presidenta enfrenta un escenario complejo y muy exigente dentro y fuera del país, pero la presidenta no debe ignorar que la sociedad mexicana no lleva seis meses soportando esta situación, sino ya veinticuatro años de inseguridad, impunidad, y alegres informes por parte de la autoridad.
En ocasiones tenemos la impresión de que la “cuarta transformación” es sólo mera propaganda para encubrir a un “nuevo” partido empeñado en ser otro PRI, perpetuándose en el poder de manera indefinida, por los medios que sean y a costa, desde luego, de la nación, como es costumbre.
Armando González Escoto
armando.gon@univa.mx
Publicado en El Informador del domingo 18 de mayo de 2025.
