Mtro. Alejandro Gutiérrez Mundo · Docente UNIVA Guadalajara
Como sabemos, la semana pasada inició en la Cámara de Diputados del poder legislativo federal la discusión y aprobación de la mal llamada reforma judicial.
Sí, mal llamada reforma judicial, ya que, si revisamos su contenido, observaremos que la finalidad principal es remover de sus funciones a los actuales ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y magistradas, así como jueces y juezas en el ámbito federal.
Todo comenzó cuando la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió resoluciones contrarias a los intereses del presidente de la república. La Corte consideró que dichas resoluciones defendían las disposiciones de nuestra Constitución, en casos como la incorporación de la Guardia Nacional al ejército y el estudio sobre la posibilidad de eliminar la prisión preventiva, entre otros.
A partir de estas decisiones, el presidente de la república inició una ofensiva en contra de la mayoría de los ministros y ministras de la Suprema Corte. En mi opinión, esta confrontación es injustificada, ya que el presidente ha desacreditado a los integrantes de dicho tribunal, emitiendo en ocasiones opiniones groseras en su contra, lo que ha generado una crítica constante hacia la Corte.
Este conflicto fue un factor clave para que, en febrero del presente año, el presidente presentara una iniciativa al Congreso de la Unión con el fin de reformar al poder judicial federal, argumentando principalmente la necesidad de combatir la corrupción, la lentitud y los privilegios del personal que lo conforma.
Sin embargo, al leer el documento aprobado, notamos que en ninguna parte de la reforma se abordan temas como la eliminación de la corrupción, el compadrazgo o los favoritismos. El punto central de la reforma es, en realidad, destituir a los actuales ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas, así como jueces y juezas del ámbito federal, para reemplazarlos mediante la elección de nuevos servidores públicos a través del voto popular.
El día de ayer, 10 de septiembre de 2024, mediante un acto criticable del partido oficial, lograron presionar a un senador del Partido Acción Nacional para que votara a favor de la reforma. De esta manera, obtuvieron la mayoría calificada con 86 votos a favor y 41 en contra, logrando así la aprobación definitiva de la reforma.
La verdadera intención de esta reforma es que el partido en el gobierno se adueñe del poder judicial federal, designando a nuevos ministros, magistrados y jueces que sigan los lineamientos de Morena, instando a los electores a votar por candidatos previamente seleccionados por el partido en el poder.
Es cierto que existe corrupción en el poder judicial federal y que hay muchas cuestiones que deben corregirse. Sin embargo, el camino que ha tomado esta reforma no resolverá los problemas existentes. Lo único que provocará es que ahora el poder judicial esté bajo el control de otro partido político, y la calidad de la impartición de justicia se verá comprometida. En mi opinión, los tres poderes de nuestro país quedarán subordinados a un solo partido, lo que afectará gravemente la división de poderes y dejará un estado de derecho prácticamente inexistente.
