Alfonso Myers Gallardo · Docente UNIVA campus Lagos
Por primera vez en la historia moderna de México, la ciudadanía será convocada a votar no solo por legisladores y gobernantes, sino también por quienes habrán de impartir justicia desde la Suprema Corte, los tribunales y los juzgados federales. Este proceso, fruto de una reforma judicial sin precedentes, ha generado intensos debates sobre su constitucionalidad, sus implicaciones políticas y los riesgos que representa. Sin embargo, más allá de juzgar su origen, lo cierto es que la reforma ya es un hecho. Y como ciudadanos —y especialmente como universitarios— nos corresponde ejercer una responsabilidad crítica: informarnos y votar con conciencia.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación. Para ello se han inscrito más de 3,400 candidatos, todos licenciados en Derecho, pero con trayectorias y perfiles muy diversos. En este espacio, tras analizar las plataformas oficiales como “Conóceles” del INE y el Observatorio Ciudadano “Ojo en la Justicia” de Disentir A.C., hemos identificado al menos diez tipos de candidaturas que, como ciudadanos, nos conviene reconocer:
1. Candidatos que buscan reelegirse por mérito profesional: jueces y magistrados con trayectoria destacada que ahora deben hacer campaña, aunque no tengan experiencia previa en política electoral.
2. Candidatos del activismo judicial: abogados o académicos que han defendido causas como derechos humanos o justicia con enfoque de género, más cercanos a la sociedad civil que al litigio.
3. Candidatos tecnócratas del Derecho: especialistas con doctorados y publicaciones, pero sin experiencia en la operación cotidiana de los tribunales mexicanos.
4. Candidatos mediáticos o de vitrina: figuras públicas o influencers legales que priorizan el espectáculo antes que el conocimiento jurídico profundo.
5. Candidatos con respaldo político en busca de reelección: operadores del sistema que combinan carrera judicial con vínculos partidistas visibles.
6. Funcionarios judiciales no juzgadores: proyectistas, defensores, ministerios públicos, cuya experiencia aporta conocimiento técnico, aunque no hayan juzgado directamente.
7. Abogados litigantes:
o a) con trayectoria sólida e independiente,
o b) con campaña visible y respaldo partidista,
o c) jóvenes sin experiencia judicial,
o d) invisibles o con posible vínculo con intereses oscuros.
8. Candidatos simbólicos o testimoniales: registrados para cumplir cuotas de género o regionales, sin intención real de competir.
9. Outsiders con agenda ideológica: actores sin formación judicial que proponen reformas radicales y discursos populistas de “limpieza” o “justicia verdadera”.
10. Candidatos funcionales o negociados por cuotas: invisibles para el electorado, pero clave en pactos entre élites políticas o judiciales, diseñados para operar desde el bajo perfil.
Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué importa votar? Si bien no resulta sencillo explicarlo, creo que la vía más sencilla es porque el nuevo modelo coloca en nuestras manos una responsabilidad inédita: influir directamente en la configuración del Poder Judicial. Si usted va a votar en esta elección judicial, hágalo con plena conciencia de lo que está en juego: Fíjese en la preparación del candidato: aquí sí importa el título profesional, la institución en la que estudió, si tiene un posgrado y cómo lo obtuvo. Importa su experiencia real en la impartición de justicia, pero sobre todo importa su integridad, su independencia frente a partidos políticos y su reputación pública. Todo cuenta.
Pero no se trata solo de emitir un voto, sino de hacerlo con conocimiento: nuestra obligación como comunidad universitaria no es solo participar, sino informarnos, investigar, contrastar propuestas y verificar antecedentes e incluso advertir a otros sobre perfiles que podrían poner en riesgo la justicia. Votar sin saber es delegar sin criterio. Votar informado, en cambio, es ejercer ciudadanía crítica y construir legitimidad democrática desde la raíz. Informarnos es un acto de responsabilidad ciudadana; informar a los demás, un compromiso con la democracia.
También hay que decirlo, la elección judicial del 2025 no será perfecta —ya se han documentado desigualdades estructurales, resultados anticipados en zonas dominadas por estructuras partidistas, y una preocupante opacidad en algunos casos. Los datos apuntan a que la participación electoral será menor a 12 por ciento, lo cual ya le da una legitimidad muy baja, pero, a pesar de ello, sigue siendo un ejercicio democrático en construcción. Y la democracia, aunque esté en tinieblas, merece nuestra luz.
Repito, el debate sobre inconstitucionalidad ha quedado atrás (en la práctica), ahora estamos ante la instrumentalización de este proceso y, como ciudadanos y miembros de una comunidad universitaria, tenemos el deber de cuestionar, de indagar y de no dejarnos llevar por narrativas fáciles o promesas sin sustento. Votar por un número sin saber quién está detrás, es abdicar de la responsabilidad que la educación nos otorga.
Hoy, más que nunca, informarse es una forma de resistencia democrática.
*Nota: esta columna se inscribe en el marco de los proyectos de investigación de la Academia de Derecho de Lagos de Moreno, de la cual el autor es el presidente.
