Ciro Manuel Ramírez Espinosa · Docente de UNIVA, consultor y perito especializado en materia de Comercio Exterior, UNIVA Querétaro
El 30 de mayo de 2024 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado titulado: “SAT identifica empresas de mensajería y paquetería que efectúan importaciones irregulares”, que a grosso modo nos platica que la autoridad ha “detectado” prácticas indebidas por empresas de paquetería y mensajería en la importación de mercancías (ropa, adornos de casa, bisutería, utensilios de cocina, juguetes, electrónicos, entre otros) que buscan evitar pagar el impuesto general de importación (IGI) y el impuesto al valor agregado (IVA), además de omitir el cumplimiento de regulaciones no arancelarias, subvaluando la mercancía por fragmentación, es decir, en lugar de realizar un envío completo por el valor de lo pagado, se realizan varios pequeños con un valor parcial de USD $50.00.
Con lo anterior, el SAT actual descubre “el hilo negro” de las operaciones de comercio exterior realizadas por empresas de paquetería y mensajería, como consecuencia del desecho de funcionarios de carrera con experiencia en el tema, ya que no considera que desde el 2018 el esquema del “Despacho simplificado” ha tenido una considerable cantidad de cambios y ajustes como son:
- La eliminación de las pequeñas importaciones que realizaban terceros y que competían con las empresas de paquetería.
- La entrega del despacho simplificado a los 3 grandes: DHL, FEDEX y UPS creando un oligopolio.
- La constante variación con los valores aduana de las mercancías para fijar obligaciones y pagos de contribuciones.
Con estos cambios proveyó a las empresas de paquetería de herramientas que ahora les permiten implementar políticas abusivas y coercitivas a los usuarios de estos servicios, aprovechando el alto grado de conocimientos de la legislación del comercio exterior mexicano, necesario para realizar una reclamación por el incumplimiento de su contrato de prestación de servicios ante, por ejemplo, la PROFECO, autoridad parte de la Secretaría de Economía, responsable de supervisar a estas entidades, pero que por ignorancia no puede cumplir con su función, y no los culpo, si no tienen capacidad de desahogar los asuntos regulares, en qué momento se van a subir al tren del estudio y capacitación del comercio internacional.
Si al SAT realmente le interesará regular debidamente las operaciones de las (tres) empresas de paquetería que efectúan operaciones de comercio internacional, y de paso obtener recursos por la aplicación de multas, solo por mencionar algunas situaciones debería:
- Revisar bajo qué justificación los agentes aduanales permiten la explotación de sus patentes a las empresas de paquetería (porque no media ninguna sociedad de por medio).
- Cuestionar por qué las empresas de paquetería usurpan el título y funciones del agente aduanal, y no han sido sancionadas.
- Analizar los motivos por lo que las empresas de paquetería y sus agentes aduanales expiden CFDI´S que no son acreditables conforme la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- Estudiar porque las empresas de paquetería se niegan a proporcionar la información de los costos del flete local para efectos de la correcta declaración del valor aduana y sus decrementables.
- Atender las denuncias que se presentan por los correos institucionales, que son los canales “oficiales” para señalar las violaciones a las disposiciones legales aplicables.
Podría continuar señalando conductas irregulares, pero no me corresponde a mí, sino a la autoridad competente, en consecuencia, considero que más allá de darle a las empresas de paquetería más herramientas para no gestionar los despachos aduaneros de importación, dándoles la oportunidad de generar ingresos extras por ahorrarse la entrega de mercancías en territorio nacional, y amenazar a los contribuyentes con la comisión de delitos como el contrabando y evasión fiscal por la importación de pequeños paquetes, el SAT debería considerar que las consecuencias de no facilitar los despachos aduaneros a los actores del comercio exterior, los sobrecostos, la falta de supervisión de todos los intermediarios por su parte, la omisión en la regulación de vendedores o puntos de venta de estas mercancías de su parte, más la corrupción de sus funcionarios, son los componentes de la bomba que busca desactivar y de los cuales es en mayor parte responsable.
