Pbro. Lic. Armando González Escoto ∙ Dirección de Publicaciones, Sistema UNIVA
Cuando la independencia trajo consigo el final del poder regio, surgió para sustituirlo, el poder de la ley, y el esfuerzo continuado por hacer que la ley, sirviera para lo mismo que había servido el poder real, es decir, para otorgar mercedes y privilegios, para perpetuarse en el mando, para poderlo heredar, para sostener la inviolabilidad ya no de la persona del rey, sino de la persona del político, también para favorecer a los porristas fueran o no parientes. Es decir, doscientos años de guerras, conflictos y crisis, para volver al sitio del que se supone nos habíamos apartado.
Tenemos una Constitución luego de muchas otras, que ha sido remendada, parchada, alterada, y naturalmente ampliada de tal manera que difícilmente podrá encontrarse un asunto que la ley no regule con sus infinitos incisos. Junto con la Constitución existe igualmente una numerosa variedad de códigos, reglamentos, y todo tipo de normas con todo tipo de precisiones, cuyo conjunto conforma nuestro amplio y complejo marco jurídico.
Para su aplicación y correcta interpretación tenemos las instancias adecuadas, lo cual incluye 11 ministros, 910 magistrados y 737 jueces, ayudados y estorbados por cerca de 442,000 abogados, más o menos un abogado por cada 292 habitantes, muchos de ellos dedicados honestamente a cumplir con una vocación muy exigente, pues “la ruina de las naciones comienza con la corrupción de sus jueces”.
No obstante, tanto esfuerzo y tantísimo dinero invertido, todavía no tenemos un estado de derecho, aún peor, se afirma un tercer estado, el del derecho ejercido por la delincuencia organizada en incontable número de poblaciones, con sus leyes y sus códigos, frente a ese brumoso segundo estado de derecho que es el de los múltiples cauces “legales” para brincarse lo que las leyes establecen.
En la tercera parte de la película mexicana intitulada “Fe, Esperanza y Caridad”, escrita por Jorge Fons, se ofrece de manera dramática lo que significa para un ciudadano común enfrentarse al estado de derecho, manejado por la burocracia, experiencia que lleva a la gente al límite de sus
fuerzas, pero que es apenas un débil reflejo de lo que vive hasta el presente la ciudadanía, sin necesariamente llegar a “lo penal”, que eso sí, rebasa todo límite. Películas más recientes denuncian lo que significan las leyes para los políticos, como por ejemplo “La ley de Herodes”. Pero si queremos dejar la ficción, tan real para nosotros, bastaría observar la manera en que se manejan los Congresos estatales y el federal, imponiendo a la sociedad leyes que nadie les ha pedido, aplastando incluso la patria potestad de los padres en temas muy delicados que afectan a los menores de edad, decretando acciones que sólo serán delictuosas dentro de cinco años, protegiendo con el fuero a sus integrantes, legislando una y otra vez en favor de los propios intereses y privilegios de los propios legisladores, retrasando procesos, congelando iniciativas de ley valiosas, y sometiéndolo todo al partidismo imperante en sus bancadas, y esta espesa nata de podredumbre la paga la ciudadanía, sólo el costo de los treinta y dos Congresos estatales es de trece mil novecientos millones de pesos anuales, sin mencionar el costo de las Cámaras federales.
La trama jurídica en la que el país está estancado es muy simple: la reforma del Poder Legislativo, debe pasar por el Poder Legislativo.
Armando González Escoto
armando.gon@univa.mx
Publicado en El Informador del domingo 27 de abril de 2025.
